El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no anulará ninguna de las 26 candidaturas al Poder Judicial señaladas por no cumplir con el promedio académico mínimo o por estar relacionadas con investigaciones federales, al considerar que no tiene atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo.
Por unanimidad, el Consejo General del INE respondió así a la solicitud de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, quienes pidieron retirar dichas candidaturas: ocho por bajo desempeño académico y 18 por supuesta falta de buena reputación. La autoridad electoral subrayó que su función no incluye suplir omisiones de los comités de evaluación ni juzgar anticipadamente la idoneidad de los aspirantes.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei explicó que el INE tomará en cuenta pruebas en contra de los candidatos únicamente después de la elección, y solo respecto a quienes resulten electos. Afirmó que intervenir en este momento podría alterar las preferencias ciudadanas, lo que iría en contra del papel neutral que debe asumir el Instituto.
Consejeros como Dania Ravel y Uuc-Kib Espadas criticaron que el Legislativo intente trasladar responsabilidades que son propias de otras instancias, como los comités técnicos y el Senado, los cuales debieron garantizar el cumplimiento de requisitos desde un inicio. “No estamos ante una situación imprevista, sino frente a una omisión en la etapa de evaluación”, subrayó Ravel.
Carla Humphrey, por su parte, señaló que la elección judicial arrastra deficiencias desde su origen, al haber sido organizada por entes sin experiencia en procesos electorales. Agregó que ni la Constitución ni la legislación vigente contemplan cancelar candidaturas por causas posteriores al registro, y recordó que la etapa de revisión a cargo del INE ocurre antes de entregar constancias de mayoría.
En ese análisis posterior, sí se tomarán en cuenta posibles sentencias que contravengan la regla de “8 de 8 contra la violencia”, así como nuevas causales definidas por el INE: ser deudor alimentario o prófugo de la justicia.
Finalmente, los consejeros coincidieron en que el INE debe mantenerse imparcial y objetivo, sin favorecer o perjudicar a ninguna candidatura, y actuar dentro del marco legal para garantizar certeza tanto a los contendientes como al electorado.
