Un ingrediente político en el juicio en su contra, fue referido por José Luis López Salgado extitular de la Auditoría Superior de Michoacán, ante las integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la LXXIV Legislatura del Congreso local.
Cabe apuntar que a López Salgado está sujeto a proceso para juicio político en la Cámara, promovido por integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), y este lunes fue la primera reunión que sostuvo con la Comisión Inspectora para el presentar pruebas y documentos que a su derecho convengan.
Durante la reunión, López Salgado dejó en claro que el informe sobre el destino de un empréstito contratado por Gobierno Estatal, y que es causa del juicio político, fue entregado en tres ocasiones a la presidenta de la Comisión Inspectora de la pasada Legislatura (la diputada Yaraví Ávila González), la cual jamás le requirió ampliación alguna, por lo que en su caso también debe ser sujeta a proceso por omisión.
“Si yo hago entrega del informe requerido, se esperaría el pronunciamiento o de la Comisión Inspectora, de la presidenta, o de algún legislador en lo particular, diciéndome que no les quedaba claro y que requerían mayor información, así de simple, si no hay ningún requerimiento y el informe no cumplía lo requerido entonces quiere decir que hubo omisión de parte de los diputados, y eso también implica responsabilidad. Yo cumplí y entregué, de cumplirse el supuesto que se argumenta se tendría que responsabilizar por omisión a los diputados”.
El exfuncionario no descartó el ingrediente político en este tema “debe haber un cuidado en este tema de la promoción de juicio político, que por un lado lo entiendo y creo que no debe asustarnos, sabemos a veces cuál es el origen y contenido de los mismos”.
Apuntó que la aclaración del informe motivo de la querella, convertiría al Congreso en parte de la acción que intentan los denunciantes, por lo que la Comisión Jurisdiccional debería llamar a comparecer a los diputados involucrados para explicar la situación del porqué no se realizaron las solicitudes de aclaración correspondientes.
“Seguirá siendo un absurdo que cualquier ciudadano, sólo por el mero hecho de denunciar un juicio político y encuadrarlo en algunos de los supuestos, el Congreso por situaciones incluso de tipo político le dé entrada sólo por el señalamiento.
“Debe haber claridad en que la función de fiscalización es del Congreso del Estado a través de su órgano técnico y que en dado caso de que si alguien pudiera presentar algún requerimiento de información por debajo de la mesa o de manera directa y abierta, será la responsabilidad del Congreso decir qué requiere que se le informe”.
López Salgado cuestionó la procedencia del proceso de Juicio Político declarada por la mayoría del pleno del Congreso, y puso como ejemplo una charla que tuvo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fermín Bernabé Bahena, quien no tenía ni idea del asunto pese a haberlo votado a favor.
“Creo que es una irresponsabilidad votar algo que no se conoce en su momento; sin duda esto tiene el ingrediente político y creo que no estará exenta de presiones”, refirió.
Por su parte las legisladoras integrantes de la Comisión, Adriana Hernández Iñiguez como presidenta, y Miriam Tinoco Soto y Mayela Salas Sáenz como integrantes, aseguraron que la determinación que habrán de tomar no será sujeta a presiones, y que serán los hechos y la documentación que se presente del caso en la que basarán su determinación.
