Política


Interpondrá CEMIDE amparo contra improcedencia de juicio al auditor estatal

Un amparo ante la federación en contra de la decisión de los diputados de considerar no procedente el juicio político contra el auditor estatal José Luis López Salgado, interpondrán los empresarios integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), quienes advierten en el fallo de los legisladores “complicidades mutuas”.

En rueda de prensa al mediodía de este martes, los integrantes del organismo plantearon que el amparo se interpondría 15 días después de que se haya enterado a los involucrados, es decir, los diputados que consideraron como no procedente la solicitud de juicio político contra López Salgado, interpuesta por el CEMIDE por presunto desvío de mil 340 millones de pesos procedentes de un crédito con Banco Multiva y del que la Auditoría Superior de Michoacán no informó al Congreso sobre su aplicación, además de otras operaciones consideradas irregulares.

La actuación de los diputados de las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, refirieron tanto Arturo Herrera Cornejo, Alfonso Álvarez Miaja y América Bárcenas, pasó por alto diversas irregularidades en el proceso seguido contra López Salgado, entre ellas no cumplir con el informe pormenorizado de la aplicación de los recursos contratados, además de varios actos de “omisión” del funcionario, como el que el informe que presentó no llevaba su firma y no lo entregó directamente al Congreso, sino a través del legislador Juan Carlos Orihuela Tello.

El recurso de amparo, además de medios a través “de la vía administrativa”, que ofrecen a juicio de su abogado, José Manuel Lima, un marco legal previsto en las leyes de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y de Fiscalización, serán el camino a seguir para mantener la exigencia de que “únicamente se nos diga en qué se gastó ese crédito”, refirió Bárcenas.

A juicio de Herrera Cornejo, López Salgado quedó a deber en un proceso donde “pudieron más las complicidades mutuas” entre diputados. El dictamen de los legisladores, informó, ya fue publicado en la Gaceta Legislativa del 8 de marzo del presente año, por lo que se sobreentiende que para el Poder Legislativo el caso está cerrado, pero “no vamos a aflojar el paso”, dijo Herrera Cornejo, al calificar el hecho como “un problema de corrupción, sistémico, de complicidades entre diversos actores políticos”.

Desde el 2014, el Congreso solicitó a través del Decreto 351, informara sobre el uso de los recursos, indicó, y hasta el 2016 se ofrecieron por parte del funcionario argumentos en el que “las cuentas no cuadran”, con “lagunas” en las que citó cuatro pagos relativos a asesoría, “sin explicarse” y el cómo se aplicaron pagos relativos a 450 millones de pesos, que también se mantienen en la opacidad por parte de la dependencia y considerados por CEMIDE en su petición de juicio político.

El abogado explicó que los diputados no fundamentaron el sentido de improcedente a la solicitud de juicio político contra López Salgado, a lo que estarían obligados de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dijo.

 

13 marzo, 2018
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