Municipios de Michoacán convirtieron los sistemas de justicia cívica en políticas de recaudación económica. A pesar de las campañas municipales y de las inversiones, los tribunales cívicos no han logrado garantizar la justicia a la ciudadanía.
El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló las fallas en la implementación de juzgadores cívicos por parte de los municipios.
En puntos como Morelia, la falta de protocolos para los alcoholímetros y políticas que se contraponen entre sí han demostrado ser programas de recaudación a través de las multas y sanciones administrativas.
Marco Antonio Tinoco Álvarez, obdusperson de Michoacán detalló que tras una revisión, se hizo el exhorto a los municipios a que atiendan dichas resistencias.
Contratación de grúas particulares, corralones privados, servicios privados y otros a irregularidades han sido observadas.
“No puedes dar permisos para más bares y para que cierren a las 4 de la mañana con las afectaciones que hay para los vecinos y al mismo tiempo ahí afuera les pones un alcoholímetro para multar a los que salen del bar que autorizaste. Yo creo que sí han caído en eso”, explicó.
Lo anterior se replican principalmente en municipios urbanizados donde a pesar de los exhortos no se han corregido.
Desde el 2022, se señaló que la Policía Morelia no ha transparentado y publicado el protocolo de actuación de alcoholímetros. Por lo anterior, no se sabe de cuanto es la multa, qué empresa arrastra los vehículos ni el costo de servicios de particulares.
Por lo anterior, más del 90% de los casos de quejosos que llevaron el tema hasta el Tribunal de Justicia Administrariva le ganaron el juicio a al ayuntamiento de Morelia al fallar en contra de los elementos municipales.
