Patricia Monreal / @Michoacan3_0
El juicio político en contra del exalcalde de Zitácuaro se alargará, esto luego de que Juan Carlos Campos Ponce promoviera un juicio de amparo para evitar avance el procedimiento que el Congreso del Estado realiza.
Mary Carmen Bernal Jiménez, presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso informó que el lunes la Cámara fue notificada del juicio de amparo promovido por Campos Ponce, y este miércoles tenían como plazo para atender los requerimientos que le hace al Legislativo y luego esperar a que se notifique la determinación del juez.
Cabe apuntar que el siete de julio de 2016 arribó a la Cámara la solicitud de juicio político contra Campos Ponce y su esposa Patricia Ramírez del Valle, quien fuera presidenta del DIF municipal por nepotismo, por lo que el octubre pasado el Congreso determinó la procedencia de la solicitud y arrancó con el proceso.
Campos Ponce podría quedar libre de culpa de las responsabilidades que se le imputa si el juez le concede la razón, ya que a decir de Mary Carmen Bernal si el juez ordena que se suspenda el proceso el Congreso lo tendrá que hacer, e informó que el Legislativo a través de su área jurídica, está atendiendo los requerimientos del juzgado federal.
De acuerdo con la legisladora de extracción petista, dentro de la Cámara el procedimiento de juicio político se lleva en tiempo y forma por parte de la Comisión Jurisdiccional, “ya se desahogó la etapa de pruebas y se recibió la información que se había requerido a la Auditoría Superior de Michoacán aunque falta la correspondiente a 2015 y la que se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración, y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje”.
La solicitud de juicio político fue promovida por el ciudadano Marcos Joel Vera Terrazas, quien conforme al dictamen de procedencia aprobado en su momento por el Pleno del Congreso, otorgó elementos de prueba acerca de que Campos Ponce y su mujer beneficiaron con cargos públicos municipales a sus familiares.
De la familia de su esposa Campos Ponce nombró a su hermano Director de Servicios Públicos Municipales; a su sobrino, encargado de la Dirección del Sistema DIF; a su sobrina encargada de los Centros de Desarrollo Comunitario; a una sobrina política asesora de su mujer. Además nombró a su propis hermana jefa de oficina.
Asimismo Vera Terrazas enlistaba en su solicitud el nombre de 35 aviadores, es decir personas que cobraban sin trabajar dentro del DIF Municipal y la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
De cada una de las acusaciones Vera Terraza entregaría documentación comprobatoria que es valorada en el juicio político que se desarrolla contra el exedil.
Otros señalamientos se relacionan a recursos que no fueron reportados ante la Tesorería Municipal.
