Patricia Monreal / @Michoacan3_0
En poco más de una semana hemos visto en México y en particular en Michoacán cómo el concepto de austeridad se ha puesto de moda. Todos quieren conjugar el verbo a ocho meses de que arranque el proceso electoral que desembocará en la elección presidencial del 2018.
Yo austerizo, tú austerizas, él austeriza y vosotros asteurizais podrían entonar en canon de colas relamidas los miembros de nuestra clase política parasitaria que –fiel a su naturaleza- busca permanecer en el organismo huésped que la alimenta ostentando discursos de sensibilista conciencia y solidaridad.
Lejos de una convicción real por sanear las finanzas públicas y propiciar un transparente y eficiente manejo de los recursos públicos, las medidas de austeridad claramente obedecen al temor del costo político.
En un entorno en donde la coyuntura es pretexto siempre para lavar culpas, el “De Tin Marín” es recurrente, “yo no fui, fue Teté, pégale, pégale que ella merito fue…”. Las responsabilidades una vez más, son de los otros.
El “¿ustedes qué hubieran hecho?” devela su cinismo y es la coyuntura perfecta del arribismo político de quienes ahora -en su espacios de poder público- enlistan soluciones que en su momento estuvieron ausentes al optar por la omisión, el acuerdo, el dejar pasar, el otorgar sus eternos “beneficios de la duda”.
Harta de los excesos de su clase política y teniendo como detonante el llamado gasolinazo instrumentado por el gobierno de Enrique Peña el primero de enero, la sociedad aún desarticulada, sin una organización propia y clara que aglutine su fuerza, salió a las calles a manifestarse en acciones que fueron más allá de lo fugaz y momentáneamente incómodo previsto en los cálculos políticos.
El enojo ciudadano empujó a que de sus cómodas madrigueras la clase política saliera y pronunciara prometedoras palabras en pro de la austeridad, la transparencia y el eficiente ejercicio del gasto, como si el discurso por sí mismo tuviera un mágico efecto transformador en su propia naturaleza.
Cuentas de vidrio y espejitos es lo que se anuncia
Sin más este el lunes, el gobernador Silvano Aureoles en una acción rimbombante –que se llevó las siempre incondicionales y acríticas primeras planas, salió flanqueado por su gabinete para dar a conocer su Acuerdo de Eficiencia en el Gasto Público y Fortalecimiento a la Economía Familiar, en donde prometió –¡vaya cosa!- un ahorro de 354 millones de pesos.
Si partimos del hecho de que Michoacán el déficit presupuestal anual es de cerca de cinco mil millones de pesos, resulta no sólo insuficiente sino risorio, los 354 millones que Aureoles Conejo plantea como ahorro.
Para este año, el gasto corriente previsto en el presupuesto de egresos del estado es del 44.24 por ciento del total, lo que en pesos es más de 27 mil 338 millones de pesos; es decir, los 354 millones anunciados por el Ejecutivo apenas si representan un recorte del 1.2 por ciento a dicho gasto corriente.
Además las medidas anunciadas por el mandatario, no obedecen a un espíritu solidario con la sociedad, sino a una acción prevista desde que elaboró en 2016 la propuesta de presupuesto de egresos para este año, debido a la insolvencia financiera del gobierno estatal por el desaseo que ha habido en el manejo de los recursos públicos.
Como en el cuento de “Pedro y el Lobo”, Aureoles Conejo amagó una vez más con presentar las denuncias correspondientes contra quienes incurrieron en quebranto a las finanzas públicas, omitiendo señalar que esto no obedece a voluntad política sino a la responsabilidad que le mandata la ley y de la que ha sido omiso durante casi 15 meses de mandato, bajo el argumento de que se están realizando las –siempre eternas- investigaciones.
Pero investigaciones hay con resultados concretos, basta con leer los informes de la Auditoría Superior de la Federación, o –si no se quiere leer- solicitarle asesoría o al menos una ficha informativa.
En agosto pasado el órgano nacional de fiscalización ya había presentado una veintena de denuncias penales en contra del gobierno del estado por irregularidades en el manejo de recursos en fondos federales de 2008 a 2016, de esas, nueve casos, tenían que ver con señalamientos por un probable quebranto a la hacienda pública por 2.4 mil millones de pesos en total.
¿Y luego porqué la gente se enoja?
