Raúl Romero / @RHashtag
(7 de marzo, 2014).- El fenómeno de la guerra y las víctimas en México ha dejado de ser noticia. Los “líderes de opinión” ya no lo consideran “tema de coyuntura”. Durante 2012, los medios de comunicación –salvo algunas excepciones- nos inundaron con propaganda electoral y, como antes de 2011, guardaron silencio sobre la violencia.
Algunas pinceladas sobre este tema se hicieron presentes a principios de 2013 con el surgimiento de “autodefensas” en varios estados de la República. Sin embargo no se profundizó sobre las causas estructurales de la violencia. El debate se limitó a discernir si estos grupos eran legítimos o no.
Pero que la guerra no aparezca en las primeras planas de los periódicos o en los principales noticiarios, no significa que ha cesado. Mucho menos que ha bajado su intensidad. El número de víctimas sigue en aumento: 21 mil crímenes dolosos de diciembre de 2012 a enero de 2014, reportó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las desapariciones forzadas están a la orden del día. A diario escuchamos sobre nuevos casos de feminicidios. Los migrantes siguen siendo secuestrados y asesinados en su tránsito por México en búsqueda de un sueño que se convierte en pesadilla. Las agresiones contra reporteros, defensores de derechos humanos y activistas sociales que denuncian la complicidad entre crimen organizado y órganos de gobierno, continúan.
Al respecto, algunos intelectuales y periodistas han llegado a la conclusión de que lo que existe en México es un Estado fallido. Argumentan que el Estado en México ha fallado en garantizar seguridad. Una lectura hobbsiana y contractualista se esconde detrás de este argumento: el Leviatán, ese mal necesario encargado de controlar al lobo que habita en los seres humanos, ha dejado de funcionar. El contrato social, en el que los seres humanos cedieron libertades para garantizar la propia vida, estaría roto.
Vale preguntarnos si realmente el Estado ha fallado o si la guerra misma ha sido adoptada como una política de Estado para continuar con el despojo de territorios y facilitar la concentración de capital en pocas manos. Veamos algunas experiencias para luego retomar esta pregunta.
Durante 2011 tuve la oportunidad de recorrer varios estados del país en las caravanas que organizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En aquellos viajes converse con víctimas e integrantes de organizaciones sociales. Conocí la muerte en su forma más atroz, en esa modalidad en que también la memoria es asesinada. Aquellas pláticas me hicieron entender que la palabra muerte ha dejado de tener el significado que tradicionalmente se le asigna.
La mayor parte de las personas con las que platique denunciaban la complicidad de policías y gobiernos locales y federal con el crimen organizado. En algunos casos señalaban que presidentes municipales, diputados e integrantes de partidos políticos tenían vínculos directos con grupos delictivos.
Uno de los casos que pude conocer de cerca fue el de Melchor Flores Hernández, un joven de 26 años que trabajaba como estatua humana. El “Vaquero galáctico”, personaje que representaba Melchor, fue detenido por policías de Monterrey, quienes luego lo entregaron a un grupo mafioso. Desde entonces no se sabe nada de él.
El caso de Melchor no es el único, existen cientos más con características parecidas. Gracias a las investigaciones de los propios familiares de personas desaparecidas, se ha documentado que algunas de las víctimas fueron explotadas en negocios del crimen organizado: cultivos, tráfico, seguridad, prostitución, etc. Incluso se ha llegado a evidenciar la desaparición selectiva de personas con determinadas profesiones: albañiles y arquitectos estarían siendo “levantados” para construir residencias y casas de seguridad de los cárteles; especialistas en comunicación para construir sistemas de comunicación no rastreables.
Durante 2013 el caso del municipio de Aquila, Michoacán, cobró gran relevancia. Había surgido ahí una organización de autodefensa comunitaria. Dicha organización denunciaba una red de complicidad entre la Minera Ternium, las autoridades locales y los Caballeros Templarios. Cuando la Policía Federal y el Ejército acudieron a la zona, detuvieron a 45 de los pobladores que se habían coordinado. Por el contrario, de Ternium y de los Caballeros Templarios, no se investigó nada. Tanto la minera como el cártel siguieron operando a sus anchas. Nuevamente, el fenómeno tampoco se reduce al caso de Aquila, también en Guerrero y otras partes de Michoacán se han documentado complicidades de negocios –que implican despojo territorial-, crimen organizado y gobiernos de todos los niveles.
Ahora bien, es sabido que alrededor del mundo, el crimen organizado ha adoptado las dinámicas empresariales actuales. El dinero que se obtiene de negocios ilícitos además de llegar a tener gran influencia en las economías nacionales, circula en bancos de todo el mundo y se extiende a toda clase de inversiones. Cabe resaltar que para los grupos criminales una de las tranformaciones fundamentales ha sido su globalización.
Negocios considerados lícitos también se benefician de la guerra. Nos referimos a las empresas armamentistas, que durante siglos se han enriquecido a través de conflictos armados. Basta recordar que los Estados Unidos de América (EUA) consolidaron su hegemonía mundial precisamente con el negocio de la guerra: las empresas norteamericanas vendieron muchas de las armas utilizadas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy son también empresas armamentistas norteamericanas las que surten armas, sin distinción, a criminales y gobierno en México.
En La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre, Naomy Klein hace una excelente descripción de cómo los grupos en el poder fabrican o utilizan “estados de shock” para implementar importantes reformas económicas o sociales para eventualmente fortalecer las dinámicas del libre mercado. En nuestro país sucede así: todavía nos encontramos en el shock de la guerra cuando la clase política ha impuesto las llamadas “reformas estructurales”: la reforma educativa, la reforma energética y la reforma hacendaria.
El Estado mexicano ha utilizado la guerra para seguir beneficiando a las clases dominantes; concentrando las riquezas en unas cuantas manos y de paso, so pretexto de la seguridad, cooptar y criminalizar el descontento social organizado. Regresando a la pregunta planteada párrafos atrás, pienso que la guerra en México está siendo utilizada por el Estado como un medio y como un fin; como medio para generar “shock” e implementar las reformas estructurales y como fin para facilitar más la concentración de capital. A final de cuentas los de arriba son los que siguen dictando las reglas y los únicos que salen ganando.
Hay que decirlo claro y sin eufemismos: en México hay una guerra con la que el Estado, el crimen organizado y las corporaciones se siguen enriqueciendo. En esta guerra el único que sale perdiendo es el pueblo. Por eso es necesario volver a mirarla y denunciar a los responsables. También es vital seguir exigiendo justicia para las víctimas. Parar la guerra en México es tarea de todos. Nos jugamos mucho en ello.
