(22 de septiembre, 2014).- México es el tercer lugar en ciberataques en América Latina. Durante 2013 esas violaciones a la privacidad generaron pérdidas económicas por 39 mil millones de pesos y alrededor de 45 millones de mexicanos hackeados.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, a través de un comunicado, informó que sólo el 0.09 por ciento de esos ilícitos virtuales se realizaron dentro del territorio nacional, pues más de la mitad se hicieron desde Estados Unidos, una cuarta parte en Argelia y 4 por ciento en Francia.
Al respecto, Julio Alejandro Téllez Valdés, explicó que los malwares más utilizados fueron los llamados droppers. Al impartir la conferencia La ciberseguridad nacional, el investigador recordó los ciberataques más evidentes ocurridos en octubre de 2012, como el perpetrado por el grupo de hackers Anonymous en rechazo a la reforma laboral, donde se suspendieron los sitios webs de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a la Confederación Patronal de la República Mexicana.
En respuesta, el gobierno ha tomado medidas preventivas, como la implementación del Sistema Nacional de Inteligencia Civil y la puesta en marcha de estructuras de interconexión de bases de datos nacionales.
El académico sugirió a los asistentes actualizar constantemente sus antivirus, utilizar buscadores anónimos como DuckDuckGo o StartPage y borrar datos registrados en el navegador web como historial, formularios y cookies
Sobre las contraseñas insistió en la necesidad de intercalar números con letras mayúsculas y minúsculas. Asimismo, sugirió utilizar plataformas de correo alternativas como CounterMail o NeoMailBox, no dejar escritos passwords en computadoras públicas y encriptar los mensajes.
Como conclusión, el investigador señaló que pese a la importancia de la tecnología en la llamada ‘sociedad de la información’, es importante insistir sobre los derechos fundamentales de las personas, por lo que la ciberseguridad debe considerar normas jurídicas, políticas públicas, protección del uso y procesamiento, almacenamiento y transmisión de información y datos.
