Por Juan Espinoza Madrid
El próximo gobierno tiene la obligación de revisar el estado que guarda la administración pública, también tienen la obligación de informar a la población respecto del uso de los recursos estatales de los últimos seis años; no debe concebirse como una cacería de brujas, se trata de poder analizar la situación real de las finanzas públicas para estar en condiciones de generar una planeación y proyección para los próximos seis años.
No se puede proyectar ni empezar a trabajar en el Plan de Desarrollo Estatal si previamente no se revisan diferentes áreas del gobierno. Sin retraso, en orden de importancia las primeras dependencias a auditarse deberán ser las Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaria de Educación, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Comité de Adquisiciones, Instituto de Infraestructura Educativa, y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Las cuatro primeras dependencias señaladas son las que con mayor énfasis y con lupa se deben revisar, pues es en ellas en donde se concentran los grandes problemas financieros de la entidad; se requieren revisar peso por peso, se debe tener claridad en que se han usado los recursos públicos de esas áreas.
Todas las dependencias habrán de revisarse puntualmente para conocer en especifico las contrataciones, licitaciones y los mecanismos para el gasto del recurso público, pues en muchas áreas, por su naturaleza se prestan para financiar campañas políticas u obtener beneficios personales.
Insisto, no es derecho del próximo gobierno auditar al gobierno saliente, se trata de una obligación, y en caso de encontrar irregularidades, estas deben ser denunciadas y se deben aclarar, eso debe suceder en cualquier gobierno transparente y con una visión republicana en la que se pone por delante el interés de los gobernados y no la de los gobernantes.
Nota: Por obvias razones, el próximo gobierno no debe confiar en el Auditor Superior del Estado, y tiene que contratar auditorías externas.
