Revolución 3.0

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.-En junio de 2014 cuando Salvador Jara Guerrero rindió protesta como gobernador sustituto en Michoacán, cada habitante del estado –desde los recién nacidos hasta las personas de la tercera edad- debían tres mil 569 pesos por la deuda pública del estado con la banca comercial. En octubre de 2015 cuando el jarismo llegó a su fin dicha deuda se había incrementado a los cuatro mil 15.7 pesos.

Durante los 16 meses que duró la administración encabezada por el hoy subsecretario de Educación Superior de la SEP, la tendencia deudora en Michoacán se mantuvo al alza, el desaseo administrativo se perpetuó, la armonización contable se incumplió, los presupuestos deficitarios se mantuvieron, la licuadora financiera permaneció encendida y las dependencias estatales prolongaron subejercicios anuales en sus presupuestos.

La administración jarista abonaría al incremento de la deuda de largo plazo que el estado mantenía con las instituciones financieras y que durante tres años había logrado mediana estabilidad en su monto.

De 2011 a 2013 dichos compromisos financieros fluctuaron de los 15.1 a 15.5 mil millones de pesos. En 2014, el monto crecería a 17 mil 329 millones de pesos, y para 2015 sumó 17 mil 472 millones según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Jara Guerrero fue designado el 20 de junio de 2014 por la LXXII Legislatura local como gobernador sustituto del estado con 38 votos a favor y dos abstenciones, y aunque se dijo que la propuesta de nombrarlo emanó del Congreso lo cierto es que ésta provino del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, Alfredo Castillo Cervantes. Los diputados argumentaron entonces un voto de confianza al catedrático por su trayectoria académica pensando en ésta como un abono para subsanar la crisis político-social por la que atravesaba el estado.

Hasta enero de 2015 en que Castillo Cervantes salió de Michoacán, la administración jarista estuvo encabezada de membrete por el exrector nicolaita y en los hechos por el funcionario federal, quien para octubre de 2014 se comprometió a que una vez concluido ese mes se habría cumplido con el pago total a los proveedores a los que adeudaba el estado. La promesa no sólo no se cumplió, sino que la deuda a proveedores se heredó para el siguiente ejercicio fiscal, y posteriormente se trasladaría al actual.

Los pasivos circulantes producto de cuentas y documentos por pagar a proveedores sumaban a finales del 2013, diez mil 799 millones de pesos, y en diciembre de 2014 –dos meses después de la declaración de Castillo Cervantes- se habían incrementado hasta los 14 mil 513 millones de pesos.

Tan sólo en los primeros tres meses de su mandato, Jara Guerrero incrementó en más de 1.7 mil millones de pesos los pasivos que arrastraba el estado, mismos que incluían los montos de deuda pública, según se evidenciaba en el Tercer Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Estatales de 2014.

Los recursos presupuestados por el Congreso y ampliados con montos adicionales provenientes de la Federación, no eran ejercidos a cabalidad por las dependencias estatales que, tuvieron como tónica el subejercicio durante el jarismo.

Para el 2014 el estado registraría un subejercicio superior a los tres mil millones de pesos en su presupuesto debido a que más de una veintena de dependencias estatales no hicieron uso del presupuesto total que tenían disponible.

Ese año el presupuesto estatal modificado fue de 63.8 mil millones de pesos, de los cuales se ejercerían 60.6 mil millones, es decir 3.2 mil millones menos.

En 2015 serían 21 las unidades programáticas presupuestarias las que no ejercieron el cien por ciento del recurso que se les había asignado.

Las dependencias encargadas de la ejecución de obras fueron las castigadas y recortadas durante el jarismo, los casos más graves fueron los de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, y el de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

En 2014 la Comisión Estatal del Agua dejó sin usar el 58.5 por ciento del total de su presupuesto, mientras que en 2015 fue el 53.74 por ciento. Obras Públicas en 2014 no utilizó el 33.40 por ciento e incrementó el subejercicio en 2015 al no emplear el 38.5 por ciento.

La Junta de Caminos fue otra castigada, en 2014 no utilizó el 25.06 por ciento de su presupuesto, mientras que en 2015 fue el 43.70 por ciento.

Dentro de las prácticas contables irregulares dentro de las dependencias que han sido observadas por la Auditoría Superior de Michoacán está el uso de documentos provisionales para acceder a recursos ante la falta de suministro de sus presupuestos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Dichos documentos les permitían tener liquidez a las dependencias, pese a que los recursos que se les entregaban por este concepto no correspondían a los programas y recursos presupuestados.

La Auditoría Superior de Michoacán reportaría en sus informes de 2014 que el Ejecutivo del Estado había cancelado 96 programas previstos en el Plan de Desarrollo Integral 2012-2015, lo que representó cerca del 20 por ciento del total de 498 previstos en el documento. Dichos programas se relacionaban con infraestructura, gratuidad educativa y becas, políticas sociales, producción agropecuaria, migrantes, investigación científica, entre otros.

El jarismo generaría sus propios moustros, como en el caso de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado que acumuló durante 2015 pasivos por 2.5 mil millones de pesos conforme el informe que la propia dependencia turnó al Congreso local a principios de marzo pasado.

Dicho monto se compuso de la suma de los pasivos de corto largo plazo, éstos últimos son los de mayor cuantía, en particular en lo que se relaciona al Fondo de Pensiones que, sumó pasivos por 2.2 mil millones de pesos.

Lejos de avanzar en el saneamiento financiero la pasada administración estatal perpetuaría el caos con la llamada licuadora financiera, a tal grado que en marzo pasado la Auditoría Superior de Michoacán reportó que durante 2014 el gobierno registró movimientos contables por el orden de un billón 990 mil millones de pesos pese a contar sólo con un presupuesto de 60 mil millones de pesos.

Dicha licuadora financiera implica que al llegar el recurso de un fondo federal destinado a un fin específico, se va trasladando de una cuenta bancaria a otra generando así movimientos contables múltiples, lo que permite la disolución de dinero.

Michoacán, la segunda entidad más observada por la ASF

El último informe de la Auditoría Superior de la Federación presentado a propósito de la revisión a la Cuenta Pública Federal 2014, Michoacán apareció como la segunda entidad más observada en la revisión de las últimas tres cuentas públicas, con un monto total pendiente de aclarar por 28 mil 477.5 millones de pesos, de los que 8.08 mil millones correspondieron a la fiscalización del 2014 cuando la administración fue compartida en su titularidad por Fausto Vallejo y Salvador Jara.

Michoacán también se posicionó como el segundo estado en monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros, esto por un total de mil 268 millones 300 mil pesos

También los resultados fueron adversos para la entidad en cuanto al Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, al ubicarse en el penúltimo lugar con 61.2 puntos.

En el informe presentado por la Auditoría, se reportó un limitado avance en la implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en donde Michoacán, junto con Aguascalientes, Baja California Sur, Puebla y el Distrito Federal no llegan ni al 60 por ciento, pese a que en 2014 tenían que haber finiquitado con el proceso.

En el jarismo Michoacán pasó a ocupar el último lugar a nivel nacional en cuanto al avance en la armonización de su cuenta pública, pues mientras el promedio general en el país era a finales de 2014 del 87 por ciento, esta entidad apenas si llegó al 24.5 por ciento.

Cuenta Pública 2014 reprobada

El pasado 31 de marzo el Pleno de la LXXIII Legislatura local votó el dictamen sobre el informe a la Cuenta Pública Estatal 2014, la primera que presentó Salvador Jara Guerrero, en donde el Congreso determinó reprobarla al detectar que los estados financieros del gobierno no habían sido preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las Normas, Lineamientos y Disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.

Entre los aspectos detectados por los legisladores y la Auditoría que motivaron la no aprobación de la Cuenta, está el que tanto la balanza de comprobación como en el catálogo de cuentas y el instructivo correspondiente, no se encuentran alineados con el Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Es así como el Congreso determinaría que la información contable del gobierno en 2014, no se encontró alineada al Plan de Cuentas del CONAC, ya que la balanza de comprobación no mostró dichas cuentas, y no se emitieron los estados de flujo de efectivo ni el informe de pasivos contingentes.

También se censuró la falta de liquidez, debido a que el activo circulante es menor al monto de sus obligaciones a corto plazo, es decir, que por cada peso que debía el Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2014, disponía de 53 centavos para hacerle frente a sus obligaciones financieras.

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Por: Patricia Monreal