Óscar Balderas
De acuerdo con un análisis presentado en la Cámara de Diputados el 28 de noviembre pasado, las empresas mineras extranjeras pagan, en promedio, apenas 300 pesos mensuales a una familia completa de campesinos de zonas originarias por rentarles sus tierras.
No es que les falte dinero: sólo entre 2005 y 2010, las multinacionales mineras en suelo mexicano ganaron 552 mil millones de pesos y sólo pagaron en impuestos 6 mil 500, es decir, menos del 1 por ciento, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Para las más de 150 empresas mineras asentadas en el país, en su mayoría canadienses, México representa una oportunidad inmejorable por los abusos que se les permite: es el quinto país en el mundo con menor riesgo de inversión y la Ley Minera actual no les obliga a pagar un monto mínimo a los propietarios de las tierras que rentan.
Las multinacionales han hecho de México el primer productor de plata en el mundo y el noveno en oro, pero a un costo brutal para los más pobres: cuando las empresas dejan las tierras, éstas quedan inservibles. Nada puede crecer ahí después de los procesos químicos a los que las someten.
“Es de señalarse la imposibilidad de aprovechar las tierras donde se instalan las mineras, dados los perjuicios ocasionados. Por ejemplo: un metro cúbico de oro pesa 1.9 toneladas, para obtenerlo deben removerse cantidades enormes de tierra, pues se estima que cada tonelada de tierra con potencial aurífero tiene apenas 6 por ciento del metal. Se deben destruir 400 hectáreas y se deben remover 119 millones de toneladas de tierra, de las cuales sólo 36 millones tienen interés; los restantes 83 millones de toneladas se apilan en los llamados jales, donde producen ácidos que van al subsuelo. En el proceso se utilizan cientos de toneladas de cianuro y ácido clorhídrico, además de cientos de toneladas de dinamita.
“Las afectaciones, ya de por sí conocidas por los expertos, que trae la explotación de la minería, se incrementaron sustancialmente año con año. Los daños al medio ambiente, debido esencialmente a la falta de la utilización de métodos eficaces para evitar los menores impactos ambientales, fueron la constante. El método de lixiviación, prohibido en Costa Rica, Estados Unidos (estado de Montana), Canadá y Europa (Turquía) por los daños ambientales que causa, proliferó en México”, señala el documento, cuya copia posee REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
El mayor registro del daño ocurre en la zona centro del país, donde las mineras han convertido sembradíos donde crecían maíz, frijol, sorjo, chile y jitomate en tierras áridas y agrietadas, que en el subsuelo esconden aún químicos tóxicos para las comunidades.
Además de la destrucción natural y el pago ínfimo, estas empresas no invierten en México: la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía (SE), señala que por la extracción de oro y plata las multinacionales llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor total de los metales preciosos; a México sólo le dejaron el 10 por ciento.
“México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) porque facturan en sus países de origen”, indica el estudio.
Andrés Fastío, integrante de la asociación civil Red Manglar Internacional, afirmó que es urgente que México ponga un alto a los abusos de las mineras, pues una década más en estas condiciones podría significar la pérdida total de hasta el 5 por ciento del territorio nacional en sembradío de temporada.
“Las mineras cuentan con negociadores en las Cámaras que sueltan mucho dinero para que las leyes no se modifiquen. Sus negocios multimillonarios tienen capacidad para comprar a diputados y senadores en México y en el mundo. No vendrá de ellos la presión, sino de la ciudadanía”, aseguró Fastío.
Según el experto, las condiciones en las que las mineras internacionales explotan el suelo mexicano son comparables con las que existían en los tiempos de la Nueva España, cuando toda la plata extraída se llevó a España sin beneficios para los pueblos indígenas.