Pável Uliánov Guzmán / @PavelUlianov
A diez meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, continua vigente la demanda de verdad y justicia que enarbolan miles de maestros, estudiantes y ciudadanos, exigiendo su presentación con vida. En perspectiva histórica, la demanda de las normales rurales también es trascendental: no a la privatización de la educación superior.
Desde hace más 70 años las normales rurales del país han luchado en contra del cierre de sus propias escuelas y en oposición a la reducción de matrícula y becas, resistiendo los incesantes ataques de los gobiernos federales y estatales, así como de los representantes de la clase en el poder. Acusados periódicamente de ser “nidos de comunistas”, “viveros de líderes”, “kínderes bolcheviques”, “rojillos” “comunistas apátridas” y “semillero de guerrilleros”. En general, el más reciente ataque provino de agentes del Estado mexicano el 26 de septiembre del 2014 cuando estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos” fueron víctimas del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada. En particular, en Michoacán, la última embestida brutal, fue la represión del 15 de octubre del 2012, cuando estudiantes de las normales del “Centro Regional de Educación Normal de Arteaga”, la “Escuela Normal Indígena de Michoacán” y la “Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga” fueron golpeados y detenidos dentro de sus propias instalaciones educativas.
En el devenir histórico, la educación en México y por consiguiente el normalismo, han sido determinados por el su contexto histórico. Las normales rurales formaron parte del proyecto postrevolucionario de la reforma agraria, conformaron una especie de binomio: reparto de tierras y educación. Surgieron de la fusión de las normales regionales y las centrales agrícolas, ambas establecidas en la década de 1920. En las primeras se formaban maestros capacitados para la enseñanza básica y para ser líderes de las comunidades. En las segundas se instruía sobre la producción agropecuaria, estaban estructuradas como cooperativas y se formaban técnicos altamente calificados para asesorar a las comunidades.
El normalismo rural inicio su proceso de conformación en 1922, con la fundación de la primera normal rural en Tacámbaro, para 1927 existían ya 9 planteles y para 1932, 15 instituciones. Su mayor impulso se dio durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Rio (1934-1940) llegando a ser 26 escuelas normales rurales y el cenit de planteles se alcanzó en la década de los 60s con 29 organismos escolares.
En otra perspectiva, antes del movimiento estudiantil de 1968, los primeros grupos guerrilleros socialistas del país, fueron liderados o formaron parte de ellos egresados de la normales: el Partido de los Pobres (PDLP), liderado por Lucio Cabañas, egresado de la normal de Ayotzinapa en Guerrero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) encabezada por Genaro Vázquez Rojas, graduado de la Escuela Nacional de Maestros, y el Grupo Popular Guerrillero (GPG) en el que militaron Rafael Martínez Valdivia y Miguel Quiñones Pedroza, egresados de la normal de Salaices en Chihuahua.
En Michoacán se formó el núcleo del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), nutrido por estudiantes de la UMSNH y de las normales rurales, entre otros, militaron en el MAR, Javier Navarrete, Doroteo Santiago Ramírez, Elpidio Domínguez Castro y Saúl Casimiro Barrera, egresados todos de la normal rural de Tiripetío.
Sin embargo, pese a los numerosos ejemplos de normalistas que dejaron las aulas para tomar las armas, ese no es el fondo del problema. No son ellos el único elemento cuantitativo de las guerrillas del siglo pasado en el país, cientos de jóvenes de todas las universidades, obreros y campesinos tomaron el camino de la guerrilla como forma de transformar el país, el verdadero problema era el contexto en que vivían, bajo un estado represor, corrupto, caduco y profundamente desigual.
El ataque sistemático a las normales rurales del país lleva ya mucho tiempo, en 1940 veinte normales rurales se fueron a huelga, exigiendo mejores condiciones de alimentación, material didáctico y reconstrucción de edificios, en respuesta el gobierno de Manuel Ávila los calificó de “semilleros de comunistas”, en 1950 Miguel Alemán cerró algunos planteles arguyendo que las escuelas eran “viveros de líderes” y su “ineficiencia educativa”. En 1969 Díaz Ordaz terminó con 15 de las 29 normales rurales que quedaban por considerarlas “nidos comunistas” convirtiéndolas en secundarias técnicas agropecuarias.
En síntesis, el normalismo rural sigue resistiendo en condiciones adversas. El temor de los gobiernos y la clase en el poder, radica en la capacidad de organización, movilización y lucha de los estudiantes y maestros normalistas. El quid de la cuestión es que defienden el derecho a la educación, y lo que en realidad se pretende con los sistemáticos ataques a las normales rurales, es su desarticulación como paso previo para privatización de la educación superior.
Email: [email protected]
Facebook: /PavelUlianov
