Letra muerta desde que fue aprobada en 2011, para aplicarse a partir del ciclo escolar 2011-2012, la gratuidad educativa impulsada en el Congreso local en el gobierno de Leonel Godoy Rangel, sigue siendo un pendiente para que el derecho a la educación sea realmente efectivo.
Así lo consideran al menos el diputado Guadalupe Aguilera Rojas, integrante de la Comisión de Educación de la actual LXXIII Legislatura, y Itzuri Cruz, miembro del colectivo por la gratuidad en la Universidad Michoacana, la máxima casa de estudios de la entidad y una de las instituciones más afectadas con el recorte de presupuesto a partir de la aprobación, quien advierte que la situación alienta la “exclusión educativa”.
Godoy Rangel concibió en su gobierno que la gratuidad debería garantizar el derecho a la educación con una instrucción plena desde el nivel preescolar hasta el superior. No sucedió así.
La administración del perredista impulsó la medida en los últimos años de su administración, la cual arrastró en su recta final un quebranto financiero que a partir de entonces metió a las administraciones públicas de la entidad en un camino difícil de transitar, por los adeudos heredados, la contratación de más deuda pública y los consecuentes impactos para todos los sectores.
Esta situación desde entonces ahondó los déficits financieros de las instituciones educativas, al no contar con los recursos que anteriormente se les asignaban en sus presupuestos directos y que con la gratuidad, dependieron de un subsidio que o no llegó o bien, fue menor a los recursos que anteriormente ejercían.
Este contexto, derivó en que los directivos –en algunos casos con la conveniencia de padres de familia y alumnos-, impusieran cuotas para el mantenimiento de actividades, no obstante que van en contra del espíritu de gratuidad que establece el artículo tercero constitucional.
Sin condiciones: diputado
Para Aguilera Rojas, diputado perredista e integrante de la Comisión de Educación, no hay condiciones en la actualidad para que la gratuidad educativa sea una realidad en Michoacán.
Reiterativo en que la medida es parte de un proceso a largo plazo, debido a la actual situación financiera de la administración pública, el legislador señala que lo deseable serpia eliminar las cuotas y cobros especiales a los que se ha recurrido para tratar de subsanar el déficit en las instituciones educativas.
“La ley es clara, sin embargo la realidad es otra”, acepta.
El problema de la educación en el estado, justifica, viene desde un abandono que ubica en hace tres décadas cuando, dice, se implementó la descentralización educativa y se dejó en las entidades el mayor peso sobre la educación pública, con una clara desventaja para los gobiernos locales al no contar con recursos suficientes para aplicarla.
Por ello, agrega, la problemática no sólo se basa en la infraestructura educativa, que también es afectada por los bajos presupuestos, sino en recursos federales que no han aumentado para el rubro de calidad educativa que debe ir acompañada de la gratuidad.
-¿Cuándo cree que entonces se aplique efectivamente la gratuidad educativa en el estado?
“No será en mucho tiempo”, responde.
Exclusión educativa
Tzuri Cruz, integrante del Colectivo por la Gratuidad en la Universidad Michoacana, indica que la falta de aplicación real de la gratuidad educativa alienta la “exclusión” de un importante número de jóvenes a la oportunidad de prepararse.
A su juicio, desde que en la UM se implementaron cuotas a los alumnos como alternativa para subsanar las carencias presupuestales, “ha bajado la matrícula”.
El Colectivo interpuso varios amparos contra el pago de cuotas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el máximo tribunal del país estableció como ilegal su aplicación. Interpuestos en el 2014, 300 amparos “escalados en diferentes tiempos, buscaban la suspensión definitiva del cobro, de lo cual sólo se logró un caso, el de una alumna de Biología”.
Pese a la medida de la SCJN, señala la estudiante universitaria, la UM no la ha respetado en lo general, y es más, denuncia, además del cobro de cuota o inscripción inicial, en el transcurso del año aplica otros cobros por servicios o expedición de constancias o documentos.
Sobre la situación financiera de la institución –que tan sólo desde el 2014 dejó de percibir 25 de millones de pesos por inscripciones-, Cruz señala que deriva de “la corrupción en las administraciones universitarias, de eso no son responsables los estudiantes”, por lo que insiste en que la gratuidad es una responsabilidad única del gobierno y que debe ejercerse a través de presupuestos suficientes y de una eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
