Alejandro Baltazar/ @Doncaracol3_0
Morelia, Michoacán.- La mayoría de los cientos de miles de personas desplazadas, producto de la violencia por parte del crimen organizado, no ha recibido la ayuda adecuada por parte del gobierno mexicano, señala el informe de campo sobre los desplazados titulado: “Mexico’s Unseen Victims”
La muestra se aplicó en cinco puntos distintos de la república, ubicando principalmente a familias provenientes de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, estados con mayor tasa de desplazamiento y mayor presencia de grupos del crimen organizado.
El informe realizado por la organización Refugiados Internacional (RI) contempla una investigación aplicada en México entre los meses de mayo y junio del 2014, donde la organización detectó tres problemas principales en tanto las personas desplazadas.
Como razón principal para abandonar el lugar de origen se mantiene la violencia extrema, la cual se manifiesta en asesinatos, secuestro y desaparición de al menos algún miembro de la familia que decide desplazar.
Al respecto en el informe se puede leer que, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre el año 2007 y el año 2012 al menos 70 mil mexicanos murieron durante la “guerra contra el narco”, además mil 300 personas fueron decapitadas durante ese periodo de tiempo.
En lo que va de la administración de Enrique Peña, señala el informe, los homicidios no se han detenido, puesto que durante el primer año de su administración se registraron 20 mil personas asesinadas.
Las cifras existentes sobre desplazados son distintas, por ejemplo, Parametría señala que al menos 1 millón 650 mil personas huyeron de sus hogares entre los años 2006 y 2011, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que sólo durante el año 2011 al menos 160 mil personas fueron desplazadas.
Además, Refugiados Internacional considera que entre 20.000 y 30.000 niños han sido sustraídos por las organizaciones criminales, con la finalidad de utilizarlos como guías para migrantes en la frontera con los Estados Unidos, así como para otras actividades delincuenciales.
Otra de las causas señaladas para la migración es el despojo de tierras, de las cuales las familias no perciben ninguna remuneración, quedando sin patrimonio, provocando el desarraigo de las personas con la comunidad.
En este rubro, el informe señala que para los grupos del crimen organizado es fundamental el control de la tierra, con la finalizad de realizar los cultivos de plantas para la producción de droga y crear rutas de tráfico, así como los recursos naturales ubicados en estas tierras
Los desplazados en la mayoría de los casos fueron obligados a abandonar sus comunidades a través de la extorsión o las amenazas, mientras que otro sector abandonó sus sitios de origen debido a la violencia por la confrontación territoriales entre criminales, las ofensivas militares o los enfrentamientos entre grupos de autodefensa y crimen organizado.
Refugiados Internacional, señaló que el gobierno mexicano no tiene cifras oficiales sobre el número de personas desplazadas, pero afirmó que es un fenómeno que va en aumento, por lo que señala que el gobierno federal no ha dimensionado el problema ni aplicado programas idóneos de asistencia a las víctimas.
Por ello, en el informe la organización señala que la responsabilidad primordial de proteger y asistir a los desplazados es del gobierno mexicano, la cual contempla la prevención de situaciones de riesgo que provoquen el desplazamiento, generar un marco jurídico adecuado, así como una política nacional que mitigue los efectos negativos del desplazamiento.
Refugiados Internacional señala que aunado al problema de abandonar su ciudad de origen las familias deben de afrontar serios problemas económicos, puesto que en los sitios de arribo les es complicado encontrar trabajo.
Así como la falta de documentos de identidad, los cuales son olvidados en los sitios de origen o perdidos en el trayecto, con lo que se dificulta la matriculación de los niños en las escuelas, así como la contratación laboral de los adultos.
Tan sólo para el año 2012 se detectó que el 30 por ciento de los niños mexicanos no estaban registrados, en su mayoría en comunidades rurales e indígenas, lo que ha dificultado aún más la identificación y ubicación, tanto de menores, como de adultos, desplazados.
Por todo ello, la organización emitió las siguientes recomendaciones para el gobierno mexicano: Incorporar a todas las instituciones de atención a la población a un diagnóstico sobre los desplazados, realizar una encuesta a nivel nacional y evaluación de las necesidades de los desplazados por violencia a través del censo de población de los años 2015 y 2020.
De la misma forma considera que la Secretaría de Gobernación debe de instaurar un grupo de trabajo en los tres niveles de gobierno que atienda estas necesidades, por su parte el gobierno federal debe de financiar la Ley General de Victimas, crear un comité dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para los desplazados.
Así como generar instrumentos internos para la obtención de refugio seguro, medios de vida sostenible, así como indemnizaciones por pérdida de patrimonio, propiedad de la tierra y acceso a la justicia, realizar mejoras en el sistema de registro civil que dote de documentación a los desplazados.
Para finalizar, recomienda generar una política general, de base comunitaria, municipal, estatal y federal para órganos de seguridad sobre la manera de identificar y proteger los derechos humanos de los desplazados.
