Revolución 3.0

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.- La lucha de fuerzas que en los últimos meses han sostenido por debajo de la mesa el Congreso con el Instituto Electoral de Michoacán en materia indígena, generó la coyuntura para que en la Cámara decidieran subsanar una de tantas lagunas normativas y se pongan a legislar en materia de consulta a los pueblos originarios.

Y es que en el Congreso local no sentó nada bien los trabajos que realiza el Instituto para la conformación de su reglamento para hacer efectivo el derecho a la consulta a las comunidades, para lo cual las autoridades comiciales han hecho una ruta de consulta sobre el contenido del documento a los propios indígenas.

Esta medida fue interpretada en el Congreso como una intromisión del IEM en las facultades de la Cámara para legislar, ante lo cual el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el diputado Ángel Cedillo Hernández ha reiterado que no se permitirá que la autoridad comicial haga el trabajo que a la Legislatura le corresponde.

En este vaivén Cedillo Hernández presentó en la última sesión del Pleno del Congreso su iniciativa de Ley de Consulta a las Comunidades y Pueblos Originarios, propuesta que de inicio no estaba prevista en la Agenda de la LXXIII Legislatura y que la coyuntura le dio vida.

IEM no pretende legislar: Hernández

Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán rechaza que el organismo pretenda asumir las funciones del Congreso y legislar, “nosotros tenemos absoluto respeto por su trabajo, en este caso la Comisión de Asuntos Indígenas; nosotros lo que queremos es regular el procedimiento y si el Congreso lleva a cabo la aprobación de este tema a nosotros nos va a caer muy bien”.

El consejero señala que los trabajos que realizan el IEM y el Congreso son sobre un mismo tema y no están peleados los unos con los otros.

“Existe una laguna en la Ley, no existe una reglamentación sobre los temas de asuntos indígenas cuando alguna comunidad o pueblo indígena desea llevar a cabo sus elecciones por usos y costumbres o sus sistemas normativos propios.

Reconoce que se tiene que legislar sobre esto, “el Congreso ya se está ocupando de ello”, y explica que en estos momentos dicha laguna legal implica afectación al IEM debido a que si hay una solicitud de las comunidades para alguna consulta el Instituto tiene un procedimiento establecido para su realización, de ahí que esté en el proceso de elaboración del reglamento.

Una vez que en el Congreso se haya aprobado la norma sobre las consultas a las comunidades, Hernández Reyes refiere que el IEM habrá de aplicar lo que le corresponda y en su caso hacer los ajustes a su reglamento.

Otro ingrediente que se suma a las responsabilidades del Instituto se relaciona con la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que incluye además de las consultas temas como el plebiscito, referéndum, iniciativa popular y observatorio ciudadano, sobre los cuales el organismo tiene que tener definidas las reglas para realizarlos en caso de contar con alguna solicitud para las figuras que lo vinculan.

La iniciativa

El pasado 11 de mayo el diputado Ángel Cedillo Hernández presentó la iniciativa de Ley de Consulta a las Comunidades y Pueblos Originarios del estado, bajo el argumento de propiciar un diálogo intercultural para lograr acuerdos que les beneficie al igual que al Estado, “pues se trata de un mecanismo por el cual las autoridades de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo, del gobierno Municipal y organismos autónomos, en cuanto sujetos obligados podrán conocer, dialogar y en su caso acordar políticas públicas y acciones que garanticen el desarrollo de este sector que históricamente han solicitado su inclusión”.

En la exposición de motivos de la propuesta el legislador refiere que toda información relacionada con la consulta deberá ser en español y en la lengua o lenguas que hablen los pueblos y comunidades participantes, así como la forma en la que los pueblos y comunidades y sus autoridades representativas acreditarán su personalidad jurídica para participar en ella.

La iniciativa acota a diez puntos la posibilidad de consultar a las comunidades, dejando fuera todo lo relacionado a presupuestos, lo que implica que no se podrá consultar lo relacionado a los presupuestos directos por el que han venido pugnando muchas comunidades en los últimos años.

Los temas sobre los que la iniciativa ley prevé que si pueda existir consulta son:

-Diseño de los planes de desarrollo municipal, regional y estatal, definición de políticas públicas, programas sectoriales o especiales para el desarrollo de las comunidades y pueblos originarios del Estado

-Actos administrativos del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado; así como de los Ayuntamientos que afecten o puedan afectar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a libre determinación y autonomía

-Iniciativas de ley, reformas y adiciones legislativas que afecten o puedan afectar los derechos a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos originarios

-Medidas y procedimientos administrativos vinculados a los derechos de participación ciudadana, derechos políticos del ciudadano y electorales previstas por las disposiciones en la materia o por determinación de los sujetos obligados a consultar

-La ejecución de obras públicas que afecte tierras, territorios y recursos naturales en propiedad o en posesión de las comunidades indígenas

-La expropiación de tierras a núcleos agrarios comunales y ejidales para la utilidad pública o privada

-El otorgamiento de concesiones y permisos para la exploración, uso, aprovechamiento o explotación de los recursos estratégicos de la nación, ubicados en los territorios indígenas

-Los cambios de modalidades a la propiedad, posesión y tenencia de la tierra de los núcleos agrarios comunales y ejidales indígenas

– Las autorizaciones y permisos para el aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos existentes en sus tierras y territorios asociados al conocimiento tradicional

-La instalación de depósitos de residuos peligrosos o rellenos sanitarios que se ubiquen en tierras que pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas

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Por: Patricia Monreal