“El caso de Ayotzinapa fue una sacudida política en México. El asesinato de 43 estudiantes empujó al Gobierno contra las cuerdas y del impulso salió disparado al fiscal Jesús Murillo Karam”, analiza el periodista Pablo de Llano.
En junio de 2014 la nombraron subprocuradora de Derechos Humanos, nada más estuvo un año en el puesto pero aseguró que “logré mantener la lealtad institucional y ser leal a mis convicciones”. Ella asegura que el gobierno necesita de forma urgente implementar una cruzada nacional a favor de los Derechos Humanos.
Para García Laguna las desapariciones son el mayor reto, esto porque en México hay más de 26 mil personas sin rastro. “Es una tortura emocional para las familias”. Asegura que durante el año que estuvo al frente de la sección de derechos humanos no hubo nada que le hiciese sentir tanta “impotencia” como esto.
“Imagínese tener que dar una respuesta a un familiar de alguien que usted sabe que ha sido quemado, del que no queda nada. ¿Se lo dice? ¿Cómo se lo dice? Lo vital para ellos es saber el paradero de su persona querida y tú sólo puedes decirles que nunca lo sabrán con toda certeza”.
La activista cuenta un episodio que comprime la “frustración” que nunca dejó de sentir mientras estaba en el lado gubernamental del drama de los derechos humanos. En una reunión con familiares de víctimas, una madre tomó de repente la palabra y le dijo: “Yo quisiera que a usted le entregaran a su hijo desmembrado a la puerta de su casa para que sintiera lo que yo estoy sintiendo”.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) asegura, cuando Enrique Peña Nieto, como candidato presidencial, dijo a AI que asumía “el pleno compromiso de implementar políticas y acciones que erradiquen cualquier acto de violación a Derechos Humanos”, la organización tuvo la esperanza de que éste fuera el primer paso en reconocer formalmente la magnitud de las violaciones que se reflejan en, por citar un ejemplo, el uso de la tortura y de los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y de la policía en todos los niveles en México.
Sin embargo las violaciones a derechos humanos “abundan”. La mayoría de las medidas preventivas parecen estar más bien diseñadas para sub-registrar los niveles de tortura y malos tratos y para asegurar que los perpetradores evadan la justicia. En consecuencia, el sistema de justicia penal sigue recurriendo a la tortura como medio principal de investigación.
El sistema de justicia penal sigue siendo el nexo de muchos de los problemas de derechos humanos en México. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas.
El arraigo, que permite la detención de los sospechosos por largos periodos para realizar investigaciones, continúa favoreciendo los abusos y socava el control judicial. Al respecto, se han ignorado en repetidas ocasiones las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos para abolir la figura del arraigo. Se prevé que la reforma de justicia penal, iniciada en 2008, pero adoptada en sólo un puñado de estados de cara al plazo de 2016, mejorará los derechos de las víctimas y de los acusados y producirá mejores decisiones judiciales.
Sin embargo, en estados que han incorporado dichas reformas, como Chihuahua, las declaraciones obtenidas bajo tortura continúan siendo admitidas, subvirtiendo las protecciones a los derechos humanos que el nuevo sistema procesal debería salvaguardar. El Código Único de Procedimientos Penales, recientemente aprobado por el Congreso para la jurisdicción penal federal y estatal, debe evitar esta situación y asegurar que la evidencia obtenida de manera ilegal, como las declaraciones extraídas bajo tortura, no será admitida como evidencia, y que se respetarán las demás garantías del debido proceso. Debe también asegurar el fin de la impunidad para los funcionarios públicos implicados en violaciones de derechos humanos, a decir por AI.
Según la organización, México enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo.
Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques.
“Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación”, sentencia AI.
