El Mecanismo federal, no garantiza la protección a defensores de derechos humanos y periodistas en México, en donde abundan los señalamientos sobre la manera en que ha venido operando.
Así lo expusieron periodistas, activistas, defensores de derechos y colectivas este miércoles, al participar en el diálogo para impulsar una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En su primer día de trabajos, el encuentro organizado por la Secretaría de Gobernación, evidenció las condiciones de adversidad que enfrentan periodistas y defensores de derechos en nuestro país, a tal punto que las peticiones de asistencia al Mecanismo de Protección, han incrementado en un cien por ciento durante la actual administración Federal.
Actualmente se encuentran incorporadas al mecanismo 1,599 personas (531 periodistas y 1068 defensores de derechos), de los que 111 provienen de Michoacán, lo que posiciona a la entidad como la cuarta en el país con mayor número de casos.
Los datos fueron proporcionados por Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien refirió que de los 58 periodistas asesinados, sólo se han dictado sentencia en siete casos.
Activistas y defensores de derechos cuestionaron la ausencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, situación que consideraron producto de la falta de interés frente a una problemática gravosa.
Los Diálogos se han venido desarrollando en diferentes estados de la república, con la perspectiva de conformar la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En el evento integrantes del Colectivo NiUnoMás Michoacán, cuestionaron que el Gobierno Federal invisibilice el asesinato de Roberto Toledo Barreras en su recuento de homicidios a periodistas este año.
“Tenemos serias dudas sobre los criterios que el Estado Mexicano sigue para determinar ¿quién es o no periodista?, ¿bajo qué valoraciones se desestima el ejercicio periodístico como posible causa de la muerte, desaparición o condición de riesgo de un compañero?”.
Cuestionaron la efectividad del Mecanismo de Protección, el cual –señalaron- ha fungido como herramienta que cristaliza las intenciones de quienes buscan acallar el ejercicio periodístico.
“Al ser sujetos a medidas urgentes de protección, periodistas son evacuados o reubicados temporalmente, coartando la posibilidad de continuar el ejercicio de su labor, sustraídos de su entorno, propiciando incluso el cierre de los espacios informativos en que laboran”.
Exigieron contemplar la responsabilidad de las empresas mediáticas para con quienes en ellas trabajan, generando medidas que las obliguen al cumplimiento cabal de sus obligaciones laborales.
Por su parte Andrés Resillas, presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas, recalcó que debe existir voluntad política de sus gobernantes en cumplir con lo que se mandate en la nueva norma, al tiempo que pidió que no se politice la conformación de ésta y que sean los periodistas los que la avalen.
Demandó capacitación de todos los funcionarios, y que se reconozcan las redes de protección generadas por los periodistas, además de que se instrumente la figura de alerta temprana.
Integrantes de la colectiva Mapas recordaron las agresiones perpetradas el 8 de marzo contra manifestantes por parte de elementos policíacos, “hubo campañas de criminalización a la protesta, de estigmatización”.
Hablaron de la necesidad de un replanteamiento de la forma de trabajo, “en Michoacán entendemos la función de figuras como el fuero, pero nos parece grave la postura desde el Congreso por la estigmatización de grupos que exigimos el reconocimiento de derechos específicos”.
