En México existen alrededor de dos mil radiodifusoras comunitarias, las que son víctimas de persecución por motivos políticos, lo que deriva en su cierre y la incautación de su equipo.
De acuerdo con datos de la legisladora petista Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, las radiodifusoras culturales cumplen un objetivo social y se han visto en estado de inequidad pues existen cerca de dos mil radiodifusoras que requieren certeza jurídica ya que no cuentan con registro.
«En su mayoría han sido cerradas incautándoles el equipo de radiodifusión, víctimas de la persecución por motivos políticos y las que se mantienen emiten en frecuencias locales que abarcan apenas un par de municipios con el ancho de frecuencia que se les brinda, mientras las radiodifusoras comerciales abarcan más del 74 por ciento del espectro radioeléctrico, lo cual deja ver la disparidad y el peso de unos cuantos sobre la propia Ley”.
Recientemente la legisladora planteó un punto de acuerdo sobre este particular el que, se encuentra en revisión de comisiones.
A decir de Fraga Gutiérrez, las radios comunitarias son un espacio en la comunidad, para la comunidad, cerca de la comunidad y por la comunidad, sin embargo muchas de éstas operan de manera clandestina por no contar con los medios necesarios y sufren las acciones de la Policía Federal “que no ve lo que estas proporcionan de beneficio al pueblo, tal es el caso que han existido ataques tan lamentables como el de Héctor Camero, en Monterrey que utilizaba su radio para brindar asesoría legal al pueblo y fue condenado a dos años de prisión”.
Agrega el caso de Radio Diversidad, ubicada en la comunidad campesina de Paso del Macho, en Veracruz, que fue desmantelada por la Policía Federal en 2009, y que en el 2011 incluso ejerció acción penal contra algunos de sus integrantes como Paola Ochoa condenada también a dos años y que se le otorgo fianza por veinticinco mil pesos.
“Otros casos son los de Oaxaca en donde el comunicador comunitario Salvador Olmos García fue asesinado apenas el 26 de julio del año 2016; Alma Delia Olivares era locutora de la radio La Cabina, en el municipio de Omealca, Veracruz, que fue acusada de contaminación auditiva y uso indebido de un bien de la nación”.
En ese sentido señala que los operadores de radios comunitarias enfrentan sanciones desproporcionadas que incluyen penas de cárcel o multas multimillonarias, pues la legislación exige requisitos que no se adaptan a la realidad de estas emisoras y restringe el financiamiento a la publicidad oficial de los ayuntamientos y a donaciones de entidades autorizadas.
