Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-Durante el último año, las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos han incrementado de manera alarmante, los abusos, la tortura y la desaparición forzada continúan, la mayoría cometidas por elementos de las Fuerzas Federales, quienes día a día son desplegados por todo el territorio como parte del combate contra el narcotráfico.
Ayer en Guerrero, donde el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes y fueron asesinados otros tres, además de tres ciudadanos, nuevamente fue sede de la represión de la Policía Federal, quienes de manera violenta desplegaron a los profesores que se manifestaban en una avenida de Acapulco, que provocó la muerte de un docente jubilado a causa de los golpes que recibió.
En el informe anual que Amnistía Internacional presentó en Londres, Inglaterra, la organización le dedica varias páginas a México, país donde las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada siguen siendo el pan de cada día.
Reporta que más de 22 mil personas permanecen secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido, entre ellas los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace cinco meses, sin que hasta ahora exista una investigación clara y concisa de los hechos registrados el pasado 26 de septiembre.
“Las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultan por lo general infructuosas. Se siguen recibiendo noticias de numerosos casos de tortura y otros malos tratos, así como información que indica que los agentes federales y estatales del ministerio público no investigan adecuadamente las denuncias”, señala.
Indica que muchas denuncias siguen atribuyendo a elementos de la Sedena y Marina la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, a pesar de que a través de un mensaje Enrique Peña Nieto anunció que las quejas en contra de las corporaciones federales habían disminuido un 60 por ciento en 2014.
“Estas prácticas se utilizan a menudo para arrancar ‘confesiones’ y otro tipo de información a fin de realizar investigaciones penales, o con otros propósitos como, por ejemplo, la extorsión. Pese a que se registraron decenas de denuncias a nivel federal y estatal, fueron pocos los procesamientos, y prácticamente no se dictaron condenas contra los funcionarios responsables”, señalan.
“Tras décadas de campañas por parte de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, se abolió el fuero militar para los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles. Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren hostigamiento, amenazas y homicidio”.
En el caso de los periodistas que fueron secuestrados, asesinados o amenazados, señala que hasta ahora no ha habido justicia para ellos, “no se tiene noticia de que se identificara o llevara ante la justicia a ninguno de los responsables. Ello se debe en gran medida a las deficiencias en las investigaciones, que a su vez son a menudo consecuencia de la falta de interés de las autoridades, especialmente las estatales”.
También hace un recordatorio por los migrantes quienes siguen viviendo bajo la amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de seres humanos, quienes en la mayoría de casos no han recibido justicia.
Finalmente, la organización internacional acusó al gobierno mexicano de carecer de leyes que combatan los delitos, y mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reforzó las obligaciones jurídicas para excluir las pruebas obtenidas mediante tortura.
