El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa pública encargada de gestionar la infraestructura y el tránsito en rutas y autopistas de Argentina. La medida, presentada como una solución a un supuesto déficit fiscal, entregará el control de las carreteras a empresas privadas, que podrán establecer y cobrar peajes sin intervención estatal.
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que Milei firmó el decreto que inicia la privatización, bajo el argumento de que “no es el rol del Estado la gestión de las autovías”. En su lugar, las empresas concesionarias asumirán la administración y el mantenimiento de las rutas a cambio del derecho a cobrar peajes a los ciudadanos. Sin embargo, esta decisión despierta preocupaciones sobre el impacto que tendrá en los costos de transporte y en la calidad del mantenimiento, dado que en experiencias anteriores la privatización de carreteras ha resultado en tarifas excesivas y deficiencias en el servicio.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida asegurando que permitirá a las empresas gestionar las obras “sin las restricciones que significaba la Ley de Obra Pública”, dejando en claro que el gobierno de Milei apuesta por una desregulación que podría favorecer a los intereses privados en detrimento de los usuarios.
Desde el Ejecutivo se insiste en que Corredores Viales representaba un gasto innecesario, alegando que la empresa dejó un déficit de 300.000 millones de pesos en 2023. No obstante, expertos advierten que la privatización no garantiza eficiencia ni mejoras en la infraestructura, sino que abre la puerta a negocios poco transparentes y a un sistema de peajes cada vez más costoso para los argentinos.
El plan de privatización incluye la concesión de 9.145 kilómetros de carreteras, lo que representa el 20 % de la red vial nacional, pero abarca el 80 % del tránsito del país. Con esta decisión, Milei sigue profundizando un modelo de Estado mínimo en el que los ciudadanos pagan más por servicios que antes eran públicos, beneficiando a grandes grupos empresarios en lugar de garantizar un sistema vial accesible y seguro para todos.
