24 ciudadanos denunciaron abusos y violaciones a sus derechos durante los operativos de alcoholímetro en la ciudad de Morelia en el último año. Multas y arrastre de vehículos de más de 7 mil pesos fueron señalados por las víctimas de los actos de autoridad.
El corte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló que además del abuso por parte de los elementos de la policía al someter a los automovilistas alcanza el grado de omisión por parte del gobierno municipal.
La administración municipal no ha transparentado el protocolo de actuación del operativo de alcoholímetro con el cual funciona. El protocolo tendría que haberse publicado en el Periódico Oficial de Michoacán desde hace más de 3 años.
Por lo anterior, se desconocen los criterios para tabular multas, el costo de las multas, el dispositivo que se usa para medir el alcohol en sangre, el mecanismo de arrastre de vehículos, el costo del arrastre y otros datos que la institución bajo el mando de Alejandro González Cussi ha manejado a discrecionalidad desde 2021.
Con base a lo anterior, la CEDH inició una queja de oficio contra la Policía Morelia por incumplir con sus obligaciones de transparencia.
Lo anterior, también ha quedado constatado en las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, donde se ha señado que más del 90% de los actos de autoridad de la corporación policial, incluyendo las sanciones del
Alcoholímetro han fallado en favor del ciudadano; es decir, que la corporación ha tenido que devolver los cobros de multas y reponer costos de arrastre de vehículos a quienes recurrieron a mecanismos de protección.
