César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-Alrededor de mil casos de personas desaparecidas habrían ocurrido en Michoacán durante la administración calderonista y lo que va del actual periodo de gobierno federal, pero de manera oficial sólo se tiene el registro formal de 195 casos.
Se estima que por cada denuncia de desaparición forzada, hay al menos cinco que no se denuncian, ello de acuerdo a las relaciones que guarda el Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (Cofaddem).
De acuerdo a una declaración de una integrante de este comité, es lamentable que la tipificación del delito de desaparición forzada dentro del Código Penal del Estado sólo esté tratado de manera superficial, porque éste no incluye parámetros establecidos en tratados internacionales.
De acuerdo con la declarante, debido a las inconsistencias legales las desapariciones forzadas no tienen el tratamiento jurídico adecuado, porque no existen más elementos que la ausencia familiar.
La desaparición forzada ni siquiera se tiene tipificada como un delito, se puede perseguir por violencia o por secuestro, pero cuando no hay rastro de estas vertientes los casos no tienen avance jurídico.
Desde hace al menos dos años hay una propuesta de Ley en el Congreso Estatal para prevenir la desaparición Forzada, esta iniciativa es integral, contempla una pena para quien cometa una desaparición forzada, con agravantes en caso de que sean niños, personas con discapacidad o casos en que se vulneren más los derechos humanos.
Para los familiares de desaparecidos, este tipo de agresiones sociales obedecen a un esquema de acción como alternativa de dominio, que ha dado como consecuencia mantener estatus de pobreza en ciertos círculos en los que se inhibe un mejor desarrollo personal.
Los casos de desapariciones forzadas constituyen una forma de represión a toda clase de población para poder generar condiciones de gobernabilidad; la gente lo considera en generar un impacto psicosocial donde el común denominador es creer que hay mucha delincuencia y todo mundo se aísla.
Las dificultades persisten para dar seguimiento a las desapariciones, ello bajo amenazas que surgen desde el mismo momento de presentar denuncias, donde una parte de los ministeriales y servidores públicos amagan a los familiares para desalentarlos a que no continúen con las querellas para dar con el paradero de sus familiares.
Aparentemente por no querer dar seguimiento a casos engorrosos e incluso buscando encubrir a las instituciones oficiales que son señaladas como partícipes de esos sucesos.
