“Yo no veo ninguna justicia”, acusa Gabriela a 17 meses de ocurrido el feminicidio de su hija, Gabriela Pérez Ayala, “me siento defraudada porque el parecer le dan más ganancia a las personas malhechoras que a uno mismo”, se lamenta.
La molestia no es menor, la audiencia intermedia en la causa penal 457/2019 que se sigue contra el presunto feminicida de su hija, se reprogramó por séptima ocasión. “Yo no veo ninguna justicia, ni para mi hija ni para uno, mucho menos para mi nieta, nos duele mucho pero no podemos hacer nada, mientras la justicia no sea enérgica…”, comenta en entrevista Gabriela, tras finalizar la malograda audiencia.
La justicia expedita es sólo panfleto, Gaby “la chica mil amoles” –como la nombran las colectivas feministas- fue asesinada la mañana del nueve de julio de 2019 mientras trabajaba. Era víctima de violencia familiar y debido a ello había logrado una orden de restricción contra su marido Francisco Ignacio O., pero eso no evitó que ese martes él acudiera al establecimiento “De mil amoles, tortas y chapatas” en donde ella laboraba y le quitara la vida con un arma blanca.
El acceso a la justicia para la víctima y las víctimas indirectas se evidencia como un asunto menor para las autoridades, en donde el interés por desembarazarse de un caso que se ha prolongado por tantos meses ha generado incluso violaciones de derechos y seguridad por parte de las instituciones encargadas de velar por ellos.
La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), ha jugado un dudoso papel en la asesoría a los padres de Gaby, con una desaseada intervención en el asunto que ha puesto en riesgo su seguridad y los ha hecho objeto de amenazas, según información de la Red de Colectivas Feministas Michoacán.
También existen dudas sobre el papel jugado por la Fiscalía General del Estado, que “no se está trabajando bien, se está fugando información delicada, lo cual es un delito, están manejando las cosas de una manera muy extraña”, según lo refiere a Revolución 3.0 una de las integrantes de la Red que da acompañamiento en las audiencias a los padres de Gaby.
Hace más de dos meses, el seis de octubre, se realizó el sexto intento para llevar a cabo la audiencia intermedia que, no cuajó debido a que el imputado buscaba evitar el juicio a través de un procedimiento abreviado, con una sentencia menor y pagando la reparación del daño de forma inmediata como lo prevé la ley.
El problema es que de inicio un lote con el que pretendía cubrir la reparación del daño, tenía un valor de 200 mil pesos, monto menor al que se debía cubrir; posteriormente se presentó otro inmueble legalmente irregular.
Otra razón por la que anteriormente no logró cuajar la audiencia intermedia, obedeció al constante cambio de representantes legales por parte de Francisco. Este miércoles no fue la excepción, de plano se quedó sin defensor, pues el abogado particular que había contratado informó de su renuncia al cargo debido a que sus honorarios no habían sido cubiertos.
El lunes el abogado de Francisco informó al Poder Judicial que ya no lo representaría legalmente, pero como ya había sido notificado para la audiencia tuvo que asistir este miércoles para informar directamente a la jueza María Consuelo López Ramírez su decisión. La Defensoría de Oficio no había sido notificada, por lo que ante la falta de representación legal en el momento, la audiencia fue reprogramada para el 18 de enero a las nueve de la mañana.
La Fiscalía informa a la jueza que el pasado 18 de noviembre la defensa solicitó procedimiento abreviado que no prosperó, ahí no se dan mayores detalles. Poco después en entrevista, la Red de Colectivas Feministas Michoacán a través de la integrante que da acompañamiento a los padres de Gaby narra los porqués.
“A nosotras se nos acercó la señora Gaby aproximadamente en junio, porque se estaba cumpliendo un año del feminicidio de su hija y no veía avances, como en la Red tenemos especialistas abogadas y sicólogas empezamos a darle acompañamiento y vimos una serie de irregularidades, empezando por el actuar de la asesora victimal que les había asignado la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
A un año del asesinato de Gaby, sus padres no habían accedido al expediente completo aunque habían solicitado ya una copia a su asesora victimal de nombre Miriam.
Las señales de alerta más fuertes para la Red sobre el proceder de la CEEAV se dieron poco después, entre agosto y septiembre, cuando los padres de Gaby fueron citados en un café del centro de la ciudad por su asesora victimal para una reunión. El encuentro finalmente no se realizó en el lugar acordado sino en plena banqueta, en la calle Zaragoza, a un costado de los portales morelianos.
Cuando los padres de Gaby junto con dos integrantes de la Red llegaron al encuentro, se encontraron que la asesora victimal de la CEEAV estaba acompañada del abogado defensor de Francisco y tres familiares de éste.
“Eran condiciones que exponían totalmente a los papás, sin ninguna mediación, el licenciado defensor se puso violento y los amenazó asegurando que en el momento en que su cliente saliera de la cárcel le iba a ir muy mal”.
La razón de la amenaza obedeció a la negativa de los padres de Gaby para aceptar la negociación del procedimiento abreviado, en donde se les estaba dando un inmueble que los familiares de Francisco mostraban con una valuación de un millón 300 mil pesos, cuando su valor real era de 600 mil. Dicho inmueble –de acuerdo con la Red- era una propiedad intestada ya que el dueño había fallecido en julio, se les presentó una carta de posesión del Registro Agrario Nacional que no es un certificado parcelario, ni avala la propiedad. Además la intención es que la hija de Gaby compartiera la propiedad con dos tíos de Francisco.
“Pero lo más grave de todo fueron las condiciones de la reunión, sin garantía de seguridad para las víctimas indirectas, con amenazas, presión, fuera de toda formalidad legal. Para nosotros fue evidente que la licenciada Miriam estaba presionando la situación para que los papás de Gaby aceptaran el acuerdo”.
Tras lo ocurrido se levantó un acta de hechos, y los padres de Gaby solicitaron que la Comisión retirara del caso a la asesora victimal y designara otro en su lugar.
Los meses pasan y Gabriela se siente defraudada por la dilación de la justicia sobre el feminicidio de su hija, “se necesita que la justicia se ponga más fuerte y le den una buena sanción, que no se difieran más estas audiencias, que se tenga respeto por uno mismo también, porque no es fácil venir”.
Las lágrimas corren por el rostro de Gabriela al recordar a su hija, humedecen el cubrebocas del que se desprende su voz en añoranza: ”la vida en sí ya no es lo mismo porque un hijo es parte de uno, ni con todo el dinero nos van a devolver la vida de mi hija, por eso pido que se haga justicia, eso es lo que yo pido. Ella mi brazo derecho, mi hija, mi amiga, para uno un hijo lo es todo, ya no es lo mismo, y aunque alguien diga tiene más hijos, sí, pero cada uno tiene su esencia, y ahora falta la de ella”.
Sobre su nieta refiere que está en tratamiento psicológico, “ella era muy alegre y ahora la veo muy tristecita, se le ve su carita triste, a uno a esa edad le hace falta su madre, acaba de cumplir ocho años, se le fue la alegría, ella ya no es la misma que era antes cuando mi hija vivía”.
