Revolución 3.0

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.-En materia de tortura, como en violencia contra las mujeres y desaparición forzada no hay razones para ser pacientes, al contrario, la deuda es tan alta que ninguna acción en la materia puede postergarse, subrayó el coordinador Jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos ante diputados locales al sostener este martes una reunión con las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Frente a la polémica suscitada en el Congreso local, acerca de si se debe tipificar o no en el Código Penal la tortura, o esperar a que se apruebe la Ley General en el Congreso de la Unión, García Campos se daría cita en Morelia para explicar las razones del porqué la ONU les ha solicitado legislar al respecto.

La situación obedece a un descuido generado en la pasada Legislatura local, cuando aprobó el nuevo Código Penal que opera en la entidad sin tipificar la tortura, esto bajo el argumento de que en el ámbito federal se legislaría al respecto cosa que hasta el momento no ha ocurrido.

Cabe apuntar que el anterior Código Penal del Estado sí preveía la tipificación del delito que se eliminó al entrar en vigor el nuevo ordenamiento.

En el encuentro ONU-Comisiones Unidas, Alan García Campos apuntó que no hay que dar un mensaje de que la tortura es una conducta carente de punición en el estado de Michoacán.

“Hemos hecho un análisis muy puntual en torno a la facultad que se le concede al Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional en la materia, así como el impacto que tiene en el ámbito legislativo local, y desde nuestra perspectiva, la habilitación que se ha hecho al Congreso de la Unión para que legisle con alcances generales, no ha cancelado la competencia local hasta en tanto no se emita la legislación secundaria o general respectiva, tan es así que los tipos locales o el tipo federal existentes no han sido derogados, por consiguiente esa competencia todavía la tienen tanto las entidades federativas como la federación”.

Señaló que hoy día Michoacán está frente al peor escenario: “la ausencia de un tipo penal que favorece la práctica de una conducta lesiva y que manda un mensaje indeseable incluso de los mismos legisladores”.

Consideró que el Congreso local fue paciente en términos de identificar la reforma constitucional y esperar que se apruebe la Ley General, “pero en el tema de tortura no cabe la paciencia y es momento de actuar con mucha decisión, tipificando el delito, estableciendo una sanción que responda a la extrema gravedad de la conducta, y blindar junto con algunos otros componentes del derecho penal a efecto de que esta práctica por lo menos desde la dimensión legislativa no sea tolerada ni entendida como una práctica que puede ser tolerada”.

“El mensaje contundente y decisivo de este Congreso tendría que ser acelerar el proceso de dictaminación legislativa y tipificar una conducta que lesiona de manera muy relevante, dolorosa y lacerante a las personas que se ven sometidas en un proceso judicial, a una privación de la libertad, a una acción que desde el derecho internacional ha sido vedada y vetada de manera absoluta”.

Aseguró que hay distintos argumentos que deben incitar al Congreso local para tomar cartas en el asunto. Por un lado refirió el mensaje que la propia legislación manda de repudio a esta conducta, “para nosotros el derecho penal en sí mismo, en su consagración normativa, en su expresión a través de un Código, envía un mensaje público de repudio, de rechazo a una conducta determinada”.

Como segundo argumento señaló que el carecer de una legislación específica, invisibiliza esta práctica y favorece la impunidad.

“Si bien es cierto que alguien podría sostener que existen otros tipos penales a los cuales recurrir para sancionar esa conducta, la verdad es que en materia de tortura invariablemente se tiene que recurrir por la lógica al principio de tipicidad estricta y a la aplicación particularmente detallada del derecho penal y el principio de legalidad, es decir, a un tipo penal específico que refiera el daño grave que se causa, la lesión grave a la integridad por agentes del estado o particulares que se valen de la aquiescencia de agentes del estado para perpetrar la tortura.

“Adicionalmente es fundamental que la conducta se sancione tomando en cuenta su extrema gravedad, esto es, recurrir al tipo penal que se encuentra tipificado de abuso de autoridad, lesiones o cualquier otra figura análoga, no responde a la extrema gravedad de la conducta de tortura. De tal suerte, es indispensable se tipifique y que no se recurra a otras figuras que eventualmente podrían sancionar otras conductas más no así la de tortura”.

Otro argumento aludido por García Campos, es que desde la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, más allá de la obligación primaria y básica derivada del derecho internacional, está la necesidad de auspiciar una investigación especial.

“El delito de tortura al igual que otro tipo de delitos como la desaparición forzada, requiere una perspectiva diferenciada en la indagatoria dada la dificultad que en muchas ocasiones se presenta para poderla acreditar, por eso desde la propia comunidad internacional se han adoptado instrumentos que favorecen la documentación de actos de tortura o malos tratos, pienso por ejemplo el Protocolo de Estambul.

“De tal suerte que no sólo es la necesidad de tipificar o contemplar un tipo penal sino también de auspiciar la generación de una política criminal y una política ministerial y judicial de abolición y erradicación de una práctica particularmente lesiva”.

Un argumento más referido por el funcionario de la ONU es la reparación del daño a favor de las víctimas de tortura, “ellas al igual que otras víctimas de violaciones a derechos humanos requieren que las conductas sean erradicadas por el Estado a partir de la especificidad del daño causado, si no tienen el acceso pleno a la justicia por un acto de tortura y se recurre a otro tipo de figuras jurídicas, no habrán alcanzado el acceso pleno a la justicia y el derecho a la reparación integral, proporcional y adecuada frente a la afectación a partir de la cual han sido lesionados.

“Bajo estas consideraciones para nosotros es fundamental que se tipifique, que se legisle en el estado de Michoacán a partir de la prohibición absoluta que desde el derecho internacional detenta la tortura”.

Desde la perspectiva de la ONU, el marco legislativo apropiado es la expresión mínima del reconocimiento de un problema y la voluntad del Estado de enfrentarlo.
“La ausencia de una acción legislativa no es posible de ser suplantada por otra acción del Estado, por eso para nosotros es fundamental que esa acción reforzada cuando México ratificó la Convención Interamericana sobre la Tortura, o la Convención Internacional en contra de la tortura, se vea reflejada en todo el derecho mexicano, de tal suerte que todas las entidades federativas y la federación hagan una adecuada tipificación del delito.

“Esto se deriva de un principio fundamental en materia de tortura que es su prohibición absoluta, la intolerancia máxima frente a una conducta que ha sido calificada manifiestamente violatoria de los derechos humanos, una conducta atroz, que merece no solamente su repudio legislativo, sino también su sanción judicial para mandar un mensaje inhibitorio de una práctica que lastimosamente en México ha sido calificada por algunos organismos internacionales como una práctica generalizada”.

Derechos Humanos

ONU a diputados locales: “En materia de tortura no hay razones para la paciencia”

Por: Patricia Monreal