Opacidad y manejo discrecional de sus recursos, caracterizan a las dirigencias de los sindicatos de Profesores y Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SPUM y SUEUM respectivamente), las cuales no han presentado informes financieros desde hace décadas y en diferentes momentos han sido cuestionadas por sus bases por falta de transparencia o por acciones en contra de recursos y bienes sindicales, que incluso han llegado al ámbito penal.
En el caso de los académicos, en la gestión anterior que encabezó como secretario general Gaudencio Anaya Sánchez, cabe recordar que se encuentra en curso una investigación por presunto abuso de confianza del ex líder, al haber impulsado desde el 2017 un comité paralelo a su favor en el Centro de Recreación Universitaria Vasco de Quiroga (CRUNVAQ), al igual que el presunto uso irregular de recursos sindicales para usarlos discrecionalmente con la asignación de préstamos, aspecto que el Consejo General de Representantes, máximo órgano sindical, impugnó al manifestar que no se ha presentado ningún informe financiero por parte de quienes han ocupado la dirigencia en los últimos años.
Lo mismo parece ocurrir en estos días en el gremio de los empleados, donde se encuentran en juego 16 millones de pesos que debieran ser aplicados por la Comisión de Crédito en préstamos y apoyos para socios activos y jubilados, y el recurso se encuentra impugnado primeramente por el conflicto personal entre quien encabeza tal comisión además de la de Jubilados, Leticia Aguilera Villanueva, y su ahora ex compañero sentimental, el dirigente Eduardo Tena Flores, quien la ha demandado por la presunta falsificación de mil 200 documentos.
De acuerdo con Antonio Ahumada y Ramón Altamirano, jubilados del SUEUM, en los 22 años que se ha mantenido en el cargo Tena Flores nunca se ha presentado un informe en relación al manejo de los recursos financieros. En el actual caso, con el conflicto personal en medio de la disputa por los recursos, la Rectoría de la Casa de Hidalgo ha suspendido su liberación ante la postura del dirigente de firmar su entrega “bajo protesta”, lo que a juicio de los jubilados y de la propia Aguilera Villanueva no corresponde porque la comisión es un órgano autónomo y quien venía firmando la recepción de los fondos era ella, por lo que aducen que la autoridad a quien quiere favorecer es a Tena.
En el caso del SUEUM, mientras se decide la suerte que corran por un lado la situación personal del líder y su ex compañera, al igual que la demanda penal interpuesta por éste en su contra por la presunta falsificación de más de mil documentos donde se autorizaban préstamos y apoyos, la situación afecta a los agremiados y jubilados solicitantes de apoyo económico y a quienes incluso desde noviembre pasado ya se les descuenta un préstamo que aún no reciben.
Cabe señalar que en las páginas de los gremios, sus áreas de Transparencia y acceso a la información mantienen si bien apartados específicos, en éstos no se encuentra ningún dato sobre uso o destino de los fondos, al igual que en cuánto consisten los mismos. De hecho, en estos días, su apartado sobre transparencia (http://www.sueum.org.mx/transparencia/index.php), sólo existe información parcial acerca de sus contenidos y relativa al primer trimestre del año 2018, como en los apartados de “listado de información de interés público” y el de “información de interés público determinado por el organismo garante”, sin información alguna sobre recursos ejercidos; en el caso de los apartados sobre convenios con autoridades universitarias, los campos de información se encuentran vacíos, remiten también al primer trimestre del 2018 y sólo señala el Contrato Colectivo de Trabajo, pero el del 2017 y el cual no se encuentra tampoco accesible.
En el SPUM, en su página web renovada con la toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo General, a finales del 2018, ni siquiera aparece el rubro de transparencia, en contra de lo que dispone la Ley estatal sobre Información y Acceso a la Información Pública, que considera sujetos de la misma a todas las entidades que reciban recursos públicos, como es el caso de los sindicatos universitarios.
