Revolución 3.0

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.-“Pedimos a Dios ilumine a nuestros legisladores en el cumplimiento de su alta misión”, reza el oficio dirigido por el Consejo Interreligioso del estado de Michoacán encabezado por el cardenal Alberto Suárez Inda, que busca frenar en que el Congreso local apruebe las reformas al Código Familiar en materia de matrimonios igualitarios.

Encabezado por el arzobispo Alberto Suárez Inda, los integrantes del Consejo que incluye a las iglesias Católica, Evangélica, y la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ejercen presión para evitar que el Congreso local dé cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de que la figura del matrimonio no debe ser excluyente ni discriminatoria.

Sobre la intromisión de las iglesias deben tomar cartas en el asunto tanto la Secretaría de Gobernación del gobierno estatal como la Secretaría de Gobierno del estado, esto a ojos de legisladores locales.

El oficio turnado al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Raymundo Arreola Ortega el pasado 27 de abril, fue redactado por el Consejo Inter Religioso 14 días antes, y en él Alberto Suárez Inda, en su calidad de presidente, Juan Spyker Anderson de la Asociación de ministros Evangélicos de Michoacán, Javier Ávila Hernández de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y Marisol Mungúia Paniagua en su carácter de secretaría del Consejo, comunican su postura en torno al tema de los matrimonios igualitarios.

“Manifestamos nuestra convicción de que el matrimonio es la unión libre y estable de un hombre y una mujer. Cambiar o desconocer la ley natural, que es anterior a toda ley positiva y de la cual se origina la institución familiar, es socavar el fundamento de la sociedad misma”.

Y agregan: “afirmamos lo anterior sin pretender discriminar ni ofender a persona alguna, ya que reconocemos el derecho que asiste a todos para contraer pactos o uniones que, sin embargo no se equiparan al matrimonio”.

Matrimonios igualitarios, asunto laico y no religioso

Sobre el tema de matrimonios igualitarios y en relación al comunicado de las iglesias, diputados del PRI, PRD y PAN coinciden que el Congreso debe legislar con base a la ley y no a las creencias particulares.

Rosa María de la Torre Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales considera evidente y manifiesta violación al principio constitucional de laicidad del Estado Mexicano con el actuar de las iglesias, “si bien este principio ha evolucionado en los últimos 150 años, es muy claro en nuestra Constitución federal que los ministros cualquiera que sea su culto, no pueden interferir ni opinar sobre la vida pública y el actuar de los poderes del estado”.

La legisladora priista apunta que es muy respetable la postura de las iglesias y cada quien tiene libertad de expresión y manifestación de sus ideas “pero como la misma Biblia dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, aquí estamos hablando de temas de constitucionalidad, de legalidad que no deben atender criterios religiosos ni de ningún otro de los factores reales de poder en nuestra sociedad.

“Si bien ellos pueden expresarse, estas opiniones no deben ser tomadas en cuenta porque nosotros no podemos legislar con fundamento en criterios religiosos. Veo que hay una intención clara de operar lo que se operó en la pasada Legislatura, que es hacer mella en el impulso de los diputados para tomar esta decisión, sin embargo nosotros vamos a legislar para nuestros representados y con criterios jurídicos constitucionales y políticos y no con criterios religiosos”.

-¿De no legislar en la materia el Congreso incurriría en desacato a la Corte?

“Sí incurriríamos porque ya hay incluso un exhorto Corte. Hay que recordar que nosotros podemos ser exhortados por otros poderes públicos de distintos niveles iguales o superiores al nuestro, pero no podemos ser exhortados por asociaciones religiosas ni por cultos. Hay que tomar en cuenta que nosotros sí tenemos un exhorto de la Corte y tenemos la obligación constitucional de atenderlo a riesgo de incurrir en desacato”.

-¿Podría el Congreso reconvenir a las iglesias de no entrometerse?

“Me parece que se está configurando algún tema de faltas administrativas que deberá observar la Secretaría de Gobernación, no nosotros, porque nosotros no tenemos atribuciones para reconvenir a ninguna persona.

“Seguramente se deberá hacer la notificación a la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, y a la Secretaría de Gobierno del estado con la Dirección de Asuntos Religiosos que son las que velan por el equilibrio en las relaciones de las iglesias y los poderes del estado.

De la Torre Torres apunta que el oficio del Consejo Interreligioso ahorita no ha llegado a más,” me parece que lo prudente es escuchar y dejarlo ahí, y ya si el asunto de la injerencia y las presiones vinieran a mayor entonces creo que deberíamos actuar como Congreso”.

-¿Tras la visita papal está empoderado Alberto Suárez Inda queriéndose inmiscuir en este tipo de asuntos?

“Lo que veo es que en la pasada Legislatura tuvieron mucha receptividad sus comentarios; cuando vino este asunto del exhorto de la Corte en junio de 2015 se preparó una iniciativa de reforma al Código Familiar pero se aprobó exactamente lo contrario a lo que estaba exhortando la Corte.

“Se escucharon mucho los argumentos del arzobispo en su momento, y me parece que ahora la postura de los diputados es diferente; somos muy respetuosos de su jerarquía religiosa pero aquí estamos hablando de asuntos laicos”.

A su vez la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nalleli Pedraza Huerta, señaló que el Congreso es respetuoso de las opiniones de todos, “podemos tener opiniones diferentes con ciudadanos y ministros de algún culto, es muy respetable porque ese derecho lo tenemos enmarcado en el artículo primero de la Constitución General de la República en donde se establece la libertad de expresión y de culto, al igual que la libertad de decidir sobre nuestras preferencias sexuales”.

Apunta que también el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades están obligadas a cumplir y velar por la protección de los derechos humanos, “el tema de los matrimonios igualitarios es un asunto jurídico.

“Lo que estamos haciendo con esto es poner una condición de igualdad entre todas y todos los michoacanos para contraer matrimonio, sin entrar en temas de prejuicios, moral o personales. Opinar lo pueden hacer ellos como cualquier persona, porque es un derecho que tenemos y que marca la Constitución, pero aquí en el Congreso es un tema legal nada más”.

Recuerda que el Estado Laico es una lucha histórica en México que no se puede hacer a un lado, “nosotros no tomamos protesta como diputados como mero trámite, sino que ahí adquirimos una obligación para respetar la ley, y como autoridades lo que debemos privilegiar es el marco legal y la igualdad que tenemos todas y todos, lo demás son cuestiones personales”.

La legisladora perredista señala que será en la próxima sesión legislativa cuando el tema se someta a consideración del Pleno para su votación, e informa que el dictamen ya está firmado por los 13 integrantes de las comisiones dictaminadoras.

“Este es un tema de libertades y derechos en el que la Suprema Corte de Justicia está conminando a todos los estados de la República para que en este como en muchos otros casos se garantice la igualdad y que no haya discriminación.

“Recordemos que a partir del 2011 en nuestro país con diversas reformas legales se genera una gama muy amplia de protección de derechos que anteriormente no se cumplían, no sólo los que otorga la Constitución, sino también los de los tratados internacionales y ahí es donde se amplía el espectro de derechos para todos los ciudadanos y nosotros estamos obligados a cumplirlo”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Pascual Sigala Páez apunta a su vez que el arzobispo está en su papel, “yo lo respeto pero no comparto su punto de vista, vamos a actuar como Congreso y a resolver lo que consideren los diputados nada más”.

-Esta presión ¿qué tanto puede incidir en el Congreso para que paren el asunto?

“De ninguna manera, está ya dictaminado, ya está acordado y no hay marcha atrás”.

El coordinador parlamentario del PAN, Carlos Quintana coincide en que este es un tema de legalidad y de ley, “a algunos les podrá gustar y a otros no, en el mismo Pleno podrá haber diferentes posturas, pero no se trata de lo que cree un servidor u otro, es aplicar la Ley porque nadie está por encima de ella

“No podemos decir por un lado que se aplique la Ley y por el otro nosotros mismos no cumplirla, es un tema de legalidad y que está fuera de la posición doctrinaria de uno u otro partido”.

La jurisprudencia de la SCJN

El 19 junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia mediante la cual se establece que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

Ahí la Corte determinó que pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales.

Determina además que la distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso.

En ese sentido apunta que como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”, pues considera que dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión.

Al respecto recuerda que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona, “en consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

“Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente”.

Derechos Humanos

Operan iglesias para frenar matrimonios igualitarios en Michoacán

Por: Patricia Monreal