Emma Martínez / Revolución3.0
La censura en los medios de comunicación de México no es un fenómeno nuevo. “Desde que ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), México no tuvo una prensa libre. Los medios de comunicación existían bajo la sombra del patrocinio estatal o la censura. El PRI controlaba y controla el contenido de los medios a través de diversos mecanismos: los propietarios de medios de comunicación eran simpatizantes del partido; el gobierno otorgaba publicidad oficial y ventajas económicas a los medios amigos; algunos periodistas fueron añadidos a las nóminas oficiales del gobierno y recibían los sobornos”, afirma la especialista en sociología de la información Artemisa Anaya.
También agrega, “décadas más tarde el Estado ha disimulado el poder que ejerce (de una u otra forma) sobre los medios de comunicación y está lejos de desaparecer. La ‘censura indirecta’ se mantiene como un mecanismo de control muy arraigado sobre los medios de comunicación. A eso se le debe de sumar que México es uno de los países más peligrosos para el oficio del periodismo (y para cualquier persona), en 2012 WAN-IFRA publicó un informe sobre la violencia sin precedentes que enfrenta la prensa mexicana producto de la corrupción, el crimen organizado y la ofensiva armada contra los narcotraficantes, la cual ha sido pretexto para la muerte y desapariciones de muchos periodistas”.
Según WAN-IFRA, desde 2000, más de 77 periodistas y blogueros han sido asesinados; 17 más han desaparecido; en los dos primeros meses de 2014, cinco periodistas fueron asesinados y dos desaparecidos. “El pretexto de que el narcotráfico atenta contra los periodistas es una justificación sin fundamento y demasiado trabajada para ser creíble, el gobierno va directo a la yugular de quien no le aplaude, de quien no lo alaba, de quien escribe y habla, para denunciar la desgracia económica, política y social en la que coexistimos”, afirma la socióloga.
“En México, las agresiones hacia los medios de comunicación contestatarios no sólo provienen del poder ejecutivo, también los gobernadores están pendientes con frecuencia de portales digitales que denuncian las irregularidades en los estados, provocando que éstos les resultan incómodos. Lo anterior es lo que ha llevado con frecuencia a que los gobernantes lleguen al grado de violar los derechos de los medios y los individuales”, explica Anaya.
Además agrega que los medios de comunicación digitales mexicanos viven un inminente y constante ataque político-cibernético. Poniendo como ejemplo Veracruz, quien ordenó la creación de la ley ”terrorismo equiparado y sabotaje”, donde cualquier medio o tuitero que publicara noticias que al gobierno le pareciera un ‘rumor’, iría a la cárcel, dicha ley quedó sin validez, sin embargo hubieron algunos usuarios de twitter que la padecieron al ser detenidos.
Otro tipo de ataques se han perpetrado en contra de los portales AGN Noticias y Plumas Libres que se editan en Veracruz, a los cuales se les restringido el servicio, provocando que estuvieran fuera de la web por más de 12 horas. “Esto por haber sido víctimas de saturación de los portales con millones de peticiones de acceso de usuarios y lectores que en realidad no existen, tomando como de ‘interés importante’, una nota (de poca relevancia) para no causar sospechas, lo que provoca que los servidores se sobrecarguen y no pueda seguir prestando sus servicios informativos”, comenta el especialista en redes Roberto Palacios.
Los dos portales fueron atacados a las pocas horas de haber publicado información relacionada con la deserción de un grupo de deportistas venezolanos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), y después de informar sobre las protestas de apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que encabezan estudiantes universitarios veracruzanos.
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“Otro caso es Quintana Roo, donde se ha atacado directamente a los portales de internet, también se usaron, como en la mayoría de los estados, cuentas apócrifas para denostar a los medios o saturar sus páginas a fin que tuvieran problemas para accesar a ellas. Asimismo se ha intentado aprobar leyes para reprimir todo cuestionamiento a la autoridad, con el pretexto de impedir la difamación o la calumnia. En todos lados la presión sobre los medios digitales independientes ha ido en aumento, porque son estos los únicos medios que tienen libertad absoluta sobre sus contenidos, porque incluso los medios escritos, que se dicen imparciales, gozan de la publicidad gubernamental”, argumenta Anaya.
El periódico digital Noticaribe, es uno de los medios que mayores ataques ha padecido en Quintana Roo, siendo blanco de reiterados ataques con el objetivo de inhabilitar su sitio web, así como de intentos por vulnerar la seguridad del servidor y tener acceso a la base de datos. Los ataques han generado serios problemas técnicos en el servidor, dejando los contenidos del medio fuera de línea por semanas enteras.
El investigador social, Rodrigo Hernández apunta “ejecutivo y gobernadores buscan la manera de asfixiar a un medio independiente, cometen asesinato digital con el fin de no recibir (según ellos) difamaciones que lleven a la ciudadanía a cuestionar su proceder. Los de Calderón pudieron haber sido los (supuestos) años de guerra contra las drogas, pero los de Peña Nieto son los años contra todo aquel que se atreva a cuestionarlo, incluso en lo más mínimo, lo que indica que es un ciberterrorista, que teme por un supuesto prestigio (que al parecer jamás tuvo), pero que pretende mantener en alto, bloqueando cualquier nota que le molesté, siendo la era digital la que le ha logrado dar batalla, a éste y a Calderón, porque así es como la sociedad ha tomado conciencia, por las redes, por los medios digitales, que han mantenido una labor exhaustiva, mucho mejor que varios medios escritos”.
Palacios afirma “la guerra cibernética en México se ha convertido en una grave amenaza principalmente para los medios independientes, por las consecuencias económicas y sociales que puede acarrear al tener la capacidad de paralizar todas las funciones de su medio. El gobierno mantiene ataques de carácter invisible y no siempre fácil de rastrear, la mayoría de los portales permanecen indefensos. Los ataques incluyen también el rastreo de sus equipos de trabajo”.
“La censura indirecta y la influencia corrupta que ejerce sin restricciones el gobierno, sobre los medios electrónicos, son prácticas que afectan en gran medida la calidad de los medios de comunicación, limitan la libertad de expresión, violan el derecho a la información pública, y sofocan el debate público, que es esencial para la democracia. En México, los gobiernos y principalmente el federal, siguen conservando este status quo que sirve a sus intereses económicos y políticos. Los líderes políticos del país, aquellos que dicen estar en defensa de las libertades humanas, deberían tomar en sus manos la problemática y hacerse responsables de tales abusos. Hasta que se cambien estas prácticas muchos medios de comunicación mexicanos seguirán extinguiéndose, dejando de ser una plataforma para el debate democrático”, puntualiza Hernández.
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