Patricia Monreal / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-Los perredistas decidieron unir fuerzas en torno a la propuesta del Ejecutivo para reestructurar la deuda pública estatal, y contrarrestar así el bloque priista y panista que se ha conformado para postergar la discusión hasta el próximo año.
Este jueves en rueda de prensa, la dirigencia estatal perredista en compañía de los diputados amarillos del Congreso local salieron en defensa de la medida planteada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo argumentando su necesidad para contrarrestar los efectos en las finanzas públicas por el incremento de las tasas de interés.
El dirigente estatal Carlos Torres Piña aseguró que las responsabilidades que ha tenido que cumplir la actual administración con el pago de la deuda pública han sido mayores que en anteriores gobiernos.
Algunos de los datos referidos por Torres Piña apuntan que en 2015 se destinaron 121.7 millones de pesos mensuales al servicio del pago de la deuda, en tanto que en este 2016 por el incremento en las tasas de referencia, el monto creció 271 millones de pesos adicionales.
“Mientras en este año se proyectó destinar mil 500 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, el monto se disparó a más de mil 800 millones. Se estima que se registren más incrementos durante este mes, el pago de intereses podría alcanzar hasta 200 millones de pesos más, al cierre del año”.
Acompañado del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Pascual Sigala Páez, del coordinador parlamentario Juan Pablo Puebla, y de los legisladores perredistas, así como de los miembros de la dirigencia estatal, Torres Piña hizo un llamado a los diputados para “asumir el compromiso que tienen ante los michoacanos” y no aplazar más la discusión sobre la reestructura.
“Discutir y aprobar responsablemente la reestructuración de la deuda pública, permitirá mejorar las condiciones de pago y tasas de interés de cinco créditos, cuatro contratados en 2013 y el otro en el año 2007”.
Desde la óptica perredista la reestructura es una medida “no sólo urgente sino necesaria, ya que la mayoría de los contratos cuentan con cláusulas estrictas que en caso de su incumplimiento causaría un grave daño a las finanzas públicas del estado”.
