Morelia, Michoacán. En un contexto estatal adverso para las comunidades indígenas, frente a constantes embestidas de la clase política michoacana contra formas que se alejen al sistema de partidos y mengüen su poder, luego del asesinato de comuneros de Arantepacua a manos del silvanismo, este 15 de abril Cherán cumple seis años de arrancar la lucha social, política y legal en defensa de sus formas de organización y gobierno.
Cherán es una herida abierta para la clase política estatal, sobre todo porque los cheranenses en su camino han afianzado su legitimidad en el marco legal que suele ser usado como herramienta y pretexto para combatir los movimientos sociales.
Cherán cumple seis años de convertirse emblema de la lucha por los derechos de las comunidades indígenas en Michoacán para autogobernarse y tomar sus propias determinaciones.
Tras el asesinato de dos cheranenses y como respuesta al incremento de la inseguridad, el 15 de abril de 2011 comuneros optan por la autodefensa, montan barricadas a la entrada del pueblo, ejercen controles de acceso a la comunidad y detienen a 15 talamontes que serían rescatados por la Policía Municipal.
La presencia del crimen organizado, la devastación de los recursos forestales y el hostigamiento darían pie a la organización para la defensa de la comunidad.
La lucha en Cherán empezaba a prefigurarse desde años antes, con acciones que cuajaron a la larga en su movimiento de lucha y en su reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un municipio indígena en Michoacán.
A partir del 2007 la acción de la delincuencia organizada empieza a calar hondo en Cherán, en donde las extorsiones se pusieron a la orden del día derivando en la migración de comerciantes, agricultores y profesionistas de la población.
El tema político fue también motivo de crisis. En 2008 asumió la presidencia municipal el priista Roberto Bautista Chapina, lo que derivó en la toma de la alcaldía y el asesinato de su contendiente en la elección, Leopoldo Juárez Urbina, que tras ser secuestrado en mayo de ese año apareció ultimado con cuatro balazos.
Como suele ocurrir con los asuntos indígenas el gobierno del Estado –entonces encabezado por Leonel Godoy- minimizó el conflicto propiciando constantes movilizaciones de los bandos confrontados en Cherán. Incluso las autoridades estatales aseguraban que la forma de gobierno que planteaba la comunidad iba contra la Ley y que no se le permitiría un gobierno popular.
El Congreso del estado a su vez alargaba los tiempos para solucionar la demanda de destitución del alcalde pese a que gobernaba de manera itinerante por el municipio pues sus opositores mantenían tomada la alcaldía.
La explosión del movimiento cheransense en abril de 2011 se dio tras el asesinato de dos comuneros por el crimen organizado. Los indígenas optaron por colocar barricadas e instaurar controles de acceso a la comunidad, con vigilancia permanente.
La respuesta no se hizo esperar y unos días después, el 27 de abril Armando Hernández y Pedro Juárez Urbina serían asesinados a balazos al ser emboscados por un grupo de talamontes.
Los partidos políticos minimizaron el problema, no prestaron mayor atención sino hasta el 2011 cuando la comunidad determinó que no quería tratos con ellos, que rechazaban las elecciones vía urnas y que elegirían a sus autoridades a través de la vía de usos y costumbres.
La presión entonces vino para un Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que temeroso optó por lavarse las manos, eludió aplicar los nuevos criterios constitucionales en materia de derechos humanos, evitó la confrontación con los partidos políticos y se declaró “carente de atribuciones” para resolver sobre la celebración de elecciones bajo usos y costumbres en los términos que lo solicitaba Cherán.
La decisión del organismo fue esperar que otra autoridad tomara la determinación y resolviera.
Fue así que los cheranenses acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el que, en una decisión histórica para Michoacán determinó cancelar las elecciones del 13 de noviembre de 2011 para ayuntamiento y mandató al IEM realizar una consulta para que los habitantes del lugar opinaran sobre el método a usar para la definición de sus autoridades.
La cólera no se hizo esperar, los diputados locales que habían sido omisos en el conflicto sintieron mancillar sus atribuciones y acusaban al Tribunal de invadir sus competencias constitucionales, en tanto los partidos vociferaban que los magistrados se habían excedido.
La sentencia del Tribunal determinaba que los integrantes de la comunidad indígena de Cherán “tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos”.
Con el elemento legal para operar y tras haber evitado confrontarse con los partidos, el IEM se pondría a trabajar en el asunto consensando con los cheranenses y tomando acuerdos desde el Consejo General para poder cristalizar los pasos a seguir.
En diciembre de 2011 se efectuó la consulta para definir el método por el que se nombrarían a las autoridades. La decisión fue por la vía de los usos y costumbres.
El 22 de enero del 2012 se elegiría en Asamblea a los integrantes del primer Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán.
La clase política continuaba su rabieta. Pese a que el caso Cherán ocurrió antes de que el Congreso reformara la Constitución en materia de derechos y cultura indígena la LXXI Legislatura local optó por omitir el caso en la modificación legal.
El Congreso decidió con su omisión dejar en el limbo jurídico a Cherán, sin un piso legal que clarificara la manera en que la autoridad municipal representada a través del Concejo Mayor de Gobierno Comunal se relacionaría con las diferentes esferas del poder público.
En 2012 se presentarían más episodios de gravedad. El 19 de enero se reviviría la tensión con Capacuaro, luego de que cheranenses prendieran fuego a camiones con madera talada de sus bosques por comuneros de Capacuaro.
También han sido frecuentes los desencuentros con El Cerecito, tanto que para el 21 de marzo de ese año cheranenses retienen 40 camiones del servicio público y particulares, para exigir la liberación de 11 indígenas secuestrados por habitantes de dicha comunidad.
Una vez más las autoridades evidenciarían su ineficacia para atender la problemática y el 18 de abril un grupo de talamontes asesina a ocho cheranenses en un predio conocido como El Puerto. Como respuesta Cherán detiene dos unidades y ocho elementos de seguridad pública para exigir el esclarecimiento del crimen.
Un mes después el 24 de mayo el activista y ganadero, Juan Sebastián Ortiz, indígena de 75 años, es localizado sin vida en el predio Patanciro, luego de ocho días de haber sido reportado como desaparecido.
Las muertes no paran y el ocho de julio Urbano Macías y Guadalupe Gerónimo son levantados por habitantes de El Cerecito y a los dos días sus cuerpos aparecen sin vida.
Los habitantes de Cherán acudirían a la capital del estado, y toman Palacio Legislativo con todo y diputados para ejercer presión para que las autoridades dieran con el paradero de sus compañeros.
El reconocimiento del Consejo Mayor de Gobierno Comunal como autoridad municipal se consolidó en 2014, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación –tras más de un año de mantener en paréntesis el tema- resolvió la controversia constitucional promovida por Cherán en contra de las reformas a la Constitución local en materia indígena aprobadas en 2011 por el Congreso y publicadas en marzo de 2012 en el Periódico Oficial del Estado.
La Corte el 26 de mayo de 2014 declaró procedente la controversia constitucional promovida por Cherán, y durante tres debatió el tema. Primero reconoció el carácter de autoridad municipal al Concejo Mayor de Gobierno Comunal, y luego determinó que el Congreso local debe consultarle a Cherán las modificaciones constitucionales en materia indígena que llegue a realizar.
Sin embargo el Congreso mantiene la lógica de la omisión, prueba de ello es la nueva Ley Orgánica Municipal que se pretende aprobar en la Cámara, y para la que no se tenía contemplado consultar a Cherán.
Para hacerse escuchar y recordar a los diputados su responsabilidad legal, los cheranenses se hicieron presentes en un foro de consulta sobe la referida ley, en donde dejaron claro que frente a una nueva omisión legislativa volverán a acudir a tribunales.
Como respuesta los diputados han optado por hacer lo que saben: congelar el asunto.
