Camila Luna / @Charkovsky3_0
Morelia, Michoacán.- Los ex elementos de la Policía Estatal, Procuraduría General de Justicia del Estado y Protección Civil dados de baja con el argumento de no haber acreditado los exámenes de control y confianza, han conformado un frente que buscará la reinstalación de los 280 ex trabajadores despedidos hasta el momento.
En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Graciela Delgado, médico forense retirada del cargo e integrante del Frente “Honestidad y Justicia por Michoacán”, señaló que exigirán al gobierno michoacano por las vías legales su restitución laboral.
Y es que aseguran, algunos de ellos ya contaban con la aprobación de los exámenes de control y confianza mientras que a otros nunca les fue aplicado. Así mismo, los ex elementos de seguridad y justicia mostraron sus cartas de no antecedentes penales, luego que la Secretaría de Seguridad Pública informara que por la presunta relación con el crimen organizado, algunos policías se encontraban bajo investigación.
Marco Antonio Barrera, ex policía de tránsito, señaló que tras los acercamientos con las Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Gobierno, se les ha ofrecido reincorporarlos a las dependencias, pero ahora en funciones administrativas.
Así mismo, a los ex empleados de edad avanzada se les ha ofrecido el retiro y que en su lugar, sea incorporado algún familiar, sin embargo, sólo fueron propuestas que no se concretaron.
Los ex trabajadores, reiteraron que algunos de los policías destituidos pudieron regresar a laborar luego de dar una suma de dinero a sus jefes. En ese contexto, denunciaron que los funcionarios que están recibiendo el dinero son Juan Carlos Monroy, encargado de jefatura de peritos y Eleodoro Rafael Sánchez, comandante de peritos.
En presencia del presidente de la CEDH, José María Cázares Solórzano, los policías solicitaron el apoyo de la institución en virtud, de que al notificársele su despido, las autoridades incurrieron en violaciones a los derechos humanos de los elementos retirados.
