Morelia, Michoacán. Frente al silencio y la falta de respuesta a la exigencia que sobre el particular hiciera en su momento, el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán presentó al Congreso del Estado una solicitud para ser consultado en torno a la nueva Ley Orgánica Municipal que está en proceso de dictaminación en la Cámara.
El documento fue entregado el pasado jueves 27 de abril a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, y está dirigido Pascual Sigala que es el presidente de la Cámara y quien en su momento presentó una de las dos iniciativas de Ley Orgánica Municipal existentes.
Los integrantes del Concejo refieren en el documento que en su carácter de autoridad representativa de Chrán, “venimos a ejercer nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero de la Constitución del Estado y los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana nos garantizan”.
Con base a dichos preceptos normativos solicitan se les realice una consulta previa, libre e informada de acuerdo a sus usos y costumbres, en lo relativo a las iniciativas de la Ley Orgánica Municipal que desde el año 2016 se encuentran en comisiones del Congreso del Estado”.
“Cabe señalar que con fecha 19 de julio de 2016 remitimos escrito al Dr. Ramón Hernández Reyes, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en el que solicitamos el respeto y garantía de este derechos frente a dichas iniciativas. El Instituto es el órgano encargado de organizar este proceso conforme a lo señalado en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana de la entidad, por lo que debió haber informado a esta H.
Autoridad a fin de que la consulta previa, libre e informada conforme a nuestros usos y costumbres se iniciara a la brevedad, sin embargo, al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta, ni por parte del IEM un por parte del Congreso del Estado”.
Recuerdan que la consulta previa, libre e informada frente a cualquier iniciativa legislativa donde los derechos indígenas puedan estar involucrados es una obligación del Estado, por lo que de no respetarse “acudiremos a los tribunales para defenderlo”.