Morelia, Michoacán. Recursos públicos comprometidos entre siete y 20 años, son los que buscan heredar los ayuntamientos michoacanos que han solicitado al Congreso les autorice la privatización del alumbrado público.
Morelia, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Zamora y La Piedad, son los municipios que hasta el momento han hecho llegar a la cámara la propuesta que les permita contratar empréstitos y echar a andar proyectos en donde a través de la figura de Asociaciones Público Privadas (APP), la iniciativa privada haga negocio asumiendo la responsabilidad del alumbrado y que las arcas públicas le garanticen su pago sin ningún contratiempo.
Por años políticos michoacanos han venido impulsando la intervención de la iniciativa privada por ser este un jugoso negocio que no representa más que ganancia, ya que los riesgos se suprimen mediante autorización formal del Congreso para que sean comprometidas las participaciones federales que corresponden a los municipios, o bien –ahora- los recursos que la Comisión Federal de Electricidad cobra a los usuarios en el recibo telefónico por Derecho de Alumbrado Público (DAP).
Pero no sólo eso, además las administraciones municipales contratan empréstitos que sirvan a modo de garantías de pago oportuno, de forma que la iniciativa privada jamás corra ningún riesgo.
La solicitud que ha generado hasta el momento mayor polémica es la presentada por el ayuntamiento de Morelia, no sólo por ser la capital del Estado, sino por las versiones de moches y cooptación de diputados que han corrido a raíz que fue presentada la solicitud.
El Ayuntamiento de Alfonso Martínez Alcázar por ejemplo busca que el Congreso le autorice endeudarse al menos por 42 millones de pesos, a los que se sumarán costos de comisión y accesorios financieros, para tener su “guardadito” en caso de que no pueda pagarle a la empresa con la que convenga privatizar el alumbrado público.
De manera literal –conforme a la iniciativa- el destino de esos recursos será para “cubrir los posibles faltantes de liquidez por el equivalente a tres meses del pago por la contraprestación que se pacte en el Contrato de Prestación de Servicios, bajo la modalidad de Asociación Publico Privada, generado por dicha contraprestación y los accesorios financieros que se generen por el ejercicio del crédito”. El crédito se prevé tenga una duración que no exceda los diez años.
En el caso de la propuesta hecha por el ayuntamiento de Zamora, la solicitud es para que el Congreso le autorice licitar, contratar y formalizar el Proyecto Integral de sustitución de luminarias, con un costo mensual de dos millones 400 mil pesos. La propuesta plantea la contratación de empréstitos que tendrán una duración de 12 años y plantea garantizar el pago de la APP con los recursos del DAP.
En tanto el ayuntamiento de La Piedad busca que el Congreso le autorice la contratación de un empréstito por 125 millones de pesos para dar vida a su proyecto de alumbrado, con una duración de pago de 84 meses es decir, siete años.
Por lo que toca a Jiquilpan, también busca operar su proyecto de alumbrado mediante una APP con duración de 15 años. Omite en su propuesta de decreto establecer un monto específico y refiere que este proyecto será financiado con los recursos del DAP. También prevé comprometer el 20 por ciento de los ingresos correspondientes al Fondo General de Participaciones del Ramo 28.
Finalmente en el caso de Marcos Castellanos, también omite en su propuesta de decreto establecer monto alguno para la autorización. Lo que sí deja claro es que quiere que el proyecto dure 15 años, que sea pagado con el DAP y que se comprometa el 20 por ciento de las participaciones que le corresponden del Ramo 28.