Iran Guerrero Andrade / Colectivo Emancipaciones
El año pasado Alberto Barrita, estudiante mexicano de 12 años, ganador de la segunda edición del concurso de la NASA “Internacional Air Space”, ante la pregunta: ¿Qué le falta a México para que tenga una mayor participación en la exploración espacial o para llegar a Marte? Respondió con un categórico: “que no me maten los políticos”.
Esta respuesta “inocente”, en la cual se puede percibir un cierto grado de sátira, muestra de manera aguda, la situación que nos ha acompañado en los últimos años a los ciudadanos de este país. Un estado permanente de alarma social generada por la violencia cotidiana y la ausencia de fórmulas institucionales para erradicar prácticas políticas generacionales, heredadas de corrupción al interior del Estado y una falta de capacidad para solucionar las diferencias socio-estructurales que han determinado muchos de los problemas actuales.
México ha experimentado situaciones especialmente complejas de manera reciente. Entre ellas están por ejemplo, la recordada “desaparición” de los estudiantes de Ayotzinapa, evento en que según las propias investigaciones del Estado existió la clara participación de funcionarios públicos. Otros casos son la reciente aparición de más fosas comunes en el norte del país y la muerte de un profesor en la última protesta del movimiento magisterial en Guerrero.
En el caso especifico de Michoacán, el contexto no es diferente. Un primer punto de inflexión parte del lamentable Operativo Conjunto Michoacán de Felipe Calderón, que en lugar de reducir la violencia la potencializó. En segundo lugar, la creación del “Comisionado por Michoacán” que deja un saldo más que negativo y finaliza debido a las presiones políticas. Pero eso no fue todo, en el periodo intermedio entre estos dos eventos, presidentes municipales de los partidos políticos más representativos en el país, ex-funcionarios en dos gobiernos estatales, secretarios de distintos niveles e incluso algunos personajes del poder judicial, han estado asociados con diversas formas de corrupción y violencia.
Ante esta indignante situación que enfrentamos como sociedad, donde no existe una clara diferenciación entre lo legal y lo no legal. Además, los sucesos anteriores dan muestras claras de la penetración del crimen organizado en algunas de las instituciones estatales y del nulo respeto que se le da a la vida de los ciudadanos, así como de la fragilidad a la que estamos expuestos. Entonces, conviene repensar si la Sociedad Civil (SC) está disputando, en la esfera pública, los contenidos necesarios para generar un cambio cualitativo de coordenadas políticas ante la inoperancia y cooptación institucional.
Todo este lamentable panorama se torna más crudo cuando un niño de 12 años está preocupado porque no lo maten los políticos mexicanos, y porque la única alternativa que parece legitima para evitarlo es recurrir a los Derechos Humanos (DDHH). La pregunta es: ¿¡qué debemos hacer como sociedad para lograr estabilidad y cohesión social!? Debemos exigir además de los DDHH, rendición de cuentas a todos los poderes e inclusión verdadera en las decisiones públicas, y demandar el cumplimiento de las funciones más importantes para las que fue creado el Estado: dar seguridad y bienestar a los ciudadanos.
Estas que deben ser preocupaciones centrales de toda SC ante cualquier gobierno que se diga democrático, han permanecido fuera de la discusión social porque hoy tenemos frente a nosotros un dilema político difícil de resolver, paradójicamente quienes tienen que proporcionar la seguridad y el bienestar de forma indistinta nos los han quitado.
Por esa razón, la preocupación de Alberto Barrita suena lógica “que no me maten los políticos”, porque mientras nuestros funcionarios públicos se encuentran bastante preocupados y ocupados violando sistemáticamente los DDHH. En otros países de América Latina como Uruguay y Chile, las discusiones giran en torno al mejoramiento de las condiciones sociales y al abatimiento de la pobreza.
En cambio nuestras aspiraciones como SC se enmarcan en una reducida discusión hobbesiana del siglo XVII, que no nos maten y luchar por el respeto a la vida, independientemente del tipo que sea. Justo por las desapariciones y muertes, es que los DDHH cuentan con una amplia legitimidad social para exigir al gobierno el respeto a la vida.
Dentro de este contexto de violencia se está generando una trampa política que condiciona el campo de acción colectiva. La reducción analítica de nuestros problemas y la canalización de las demandas al terreno única y exclusivamente de la vigencia por los DDHH, cuando en el fondo, síntomas mayores pueden advertirse; algunas de las instituciones que deberían garantizar la paz y protegernos, están matándonos. Este análisis que critica el reduccionismo por los DDHH, tampoco significa que se deban rechazar o que se desconozca la importancia de ellos para mejorar ciertas condiciones de vida, sobre todo, después de la tragedia judía en el holocausto o de los gobiernos totalitarios en América Latina y África.
Sin embargo, en México ni siquiera existe un reclamo en términos amplios de los DDHH que logre abarcar las esferas de los espacios políticos, sociales y culturales más sensibles. El énfasis sólo se funda en la estricta preocupación por el goce y disfrute de uno: “que no me maten los políticos”.
Esa discusión actual, por cierto válida y urgente de solucionar, ha terminado por invisibilizar y sepultar de la esfera pública todo lo relacionado con la distribución de la riqueza, el modelo político y económico. Hoy nadie se cuestiona las aberrantes consecuencias del modelo neoliberal implementado a finales de los 80`, las miserias en las que quedó el campo mexicano producto del TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94`, la nula generación del empleo, las altas tasas de pobreza (casi del 50%) y el extractivismo que experimentan las comunidades indígenas; mientras que además de las muertes, las brechas sociales y económicas continúan alargándose sin regreso.
Este oscuro panorama que vivimos y del que formamos parte, no debe convertirse en una tesis de la tragedia e inactividad social, por el contrario es preciso señalar la importancia de agudizar la política fuera de lo electoral; rescribir la historia y construir un mejor país desde las bases sociales en oposición al narcicismo individualista que atraviesa la modernidad, pero mientras que nuestras demandas y aspiraciones se reduzcan a la sobrevivencia, este camino pareciera estar aún lejos de escribirse.
Integrante del Colectivo Emancipaciones; Maestro en Derecho con opción terminal en Humanidades por la Universidad Michoacana (UMSNH) y estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México).
