Morelia, Michoacán.- El pasado martes se desarrollaba la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, que fiel a la costumbre comenzó una hora tarde. Apenas se habían abordado unos cuantos puntos del orden del día cuando en los pasillos del Palacio Legislativo comenzó a sentirse algo parecido a la incertidumbre, vino en forma de murmullos, con el sigilo de un rumor que va de un oído a otro.
El diputado perredista Antonio Soto Sánchez era entrevistado por los reporteros que cubren las actividades del Congreso del Estado cuando se enteró de lo ocurrido, y junto con él los periodistas: el legislador Erik Juárez Blanquet había sido ejecutado a menos de dos kilómetros del recinto Legislativo.
La muerte del ex alcalde de Angamacutiro dejó en shock a sus compañeros legisladores, y después vino el desconcierto; comenzó la discusión para decidir si continuaba la sesión o se suspendía; se declaró un receso mientras la Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinaba qué hacer. En el salón del pleno quedaron unos cuantos diputados y un silencio espeso.
En la reunión a puerta cerrada, los diputados volvieron a ser los mismos, atrás dejaron la consternación para empezar con el golpeteo; se repartían culpas porque, al parecer, Erik Juárez había solicitado seguridad y no le fue proveída; con rumores se quería responsabilizar al panista Javier Estrada, porque como presidente de la Jucopo no atendió su solicitud; sin embargo, el coordinador de la bancada del PAN puntualizó que pidió protección desde julio del 2019, cuando el morenista Fermín Bernabé presidía la Junta; trascendió también que la líder Parlamentaria del PRD, Araceli Saucedo, asumió el compromiso de gestionar seguridad para el diputado independiente ante el Ejecutivo del Estado.
En medio del alborozo sólo había una cosa clara: el Poder Legislativo carece de la aplicación de protocolos para garantizar la seguridad de los diputados en la propia sede del Congreso, y tampoco existen mecanismos de gestión ante el Ejecutivo del Estado para gestionar la protección de los legisladores en sus actividades cotidianas, cuando éstos los requieran.
¿Sabría la Secretaría de Gobierno, tan interesada en intervenir en las votaciones del Congreso del Estado para inclinar las decisiones legislativas a favor del Ejecutivo, de la necesidad de seguridad de Erik Juárez? ¿O el encargado de la política interna, Carlos Herrera Tello, no se entera de nada por estar metido de lleno en la construcción de su candidatura al Gobierno del Estado?
Al parecer, el asesinato de Erik Juárez no es un caso aislado, y forma parte del hostigamiento que su familia ha enfrentado desde hace un par de años en Angamacutiro, de tal manera que la demanda de seguridad sigue pendiente de ser atendida, ya que ante estas circunstancias es necesario salvaguardar la integridad de su hermana Maribel, actual presidenta del municipio.
El caso de Erik Juárez también pone en evidencia fallas en el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad del estado y de Morelia que, con inusual rapidez, detuvieron a dos personas como presuntas responsables del asesinato con arma de fuego, y trascendió incluso que eran de Jalisco.
“Derivado de la acción operativa en Morelia, detuvimos a dos masculinos y aseguramos una motocicleta abandonada y un arma de fuego corta. Se realizan actuaciones para determinar si están relacionados con el homicidio del diputado Erik Juárez Blanquet”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de Twitter.
Sin embargo, por la noche estudiantes de derecho denunciaron en Facebook que los detenidos son ex alumnos en trámite de titulación, uno originario de Oaxaca y el otro de Nueva Italia; el jueves por la mañana subió a medios de comunicación la versión no oficial de que la Fiscalía de Michoacán, después de hacer las diligencias pertinentes, no había encontrado elementos para vincular a los imputados con el homicidio del diputado.
Si bien, la SSP no dio por hecho que los detenidos eran los responsables, obligada sobre todo por el principio de presunción de inocencia, si detuvo las acciones para ubicar a los responsables, lo que indica que realizan los operativos a ciegas, sin la orientación de la supuesta red de videocamaras de vigilancia operada desde el famoso Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), que han presumido como el mejor de América Latina.
El lamentable asesinato de Erik Juárez también deja una lección importante a la clase política en Michoacán: antes que entregarse de lleno a aventuras electorales, aún hay cosas trascendentes por resolver para mantener la seguridad y gobernabilidad en Michoacán.
