Las vías legal y política, en una ruta a establecer después de que culminen las vacaciones, serán las que seguirán los 9 alumnos expulsados definitivamente de la Universidad Michoacana, quienes insisten en que su caso obedece a intereses del rector Medardo Serna González y del secretario particular, Salvador García Espinoza, quienes desecharon la postura del Tribunal Universitario de optar por la vía conciliatoria.
En una rueda de prensa realizada en la Casa del Estudiante Nicolaita, voceros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), reiteraron que las autoridades universitarias no cumplieron con una promesa inicial de que se desactivarían los procesos en marcha con el compromiso de que los alumnos se desistieran de más movilizaciones, situación que no se cumplió.
Además, la consejera estudiantil Citlali Yutzin Murillo Herrera, señaló que se le ha negado el acta del 9 de marzo del Consejo Universitario, donde el máximo órgano de gobierno en la institución acordó la expulsión definitiva de los también moradores del albergue.
Cabe señalar que el proceso de expulsión se enfocó en contra de los estudiantes movilizados en el año 2016 para demandar se ampliara la matrícula a carreras del área de la Salud, movilización que se mantuvo por 66 días en la institución con la paralización de actividades y destrozos causados en las instalaciones por los intentos en varias ocasiones de recuperarlas y en las que incluso participaron el rector y el secretario.
En este proceso, cinco estudiantes de 14 fueron exonerados de la medida, al haberse acogido a la conciliación; en el caso de los nueve restantes, la decisión de expulsarlos se dio en la sesión del Consejo Universitario del 9 de marzo, donde a puerta cerrada los consejeros votaron por su salida, no obstante que los dictámenes de la Comisión Permanente del Tribunal Universitario apelaban a la conciliación.
Todavía en la última sesión del Consejo Universitario, tanto la consejera Murillo Herrera, como el representante del profesorado de la Facultad de Filosofía, Mario Alberto Cortés, apelaron a que se respetaran los dictámenes de la comisiones, como lo fue el de la Permanente del Tribunal, antes que optar por medidas excesivas al cuestionarse por parte del docente, si efectivamente se castigaría a los verdaderos implicados en los hechos y si la expulsión se sustentaría en el desahogo de pruebas y si estas serían suficientes para ello, por lo que planteaban se reabrieran los casos, propuesta que no prosperó al establecer tanto el rector como el secretario particular que había pruebas suficientes.
Al respecto, los voceros de la CUL señalaron este jueves que asistieron a la convocatoria de la Comisión Permanente para que a puerta cerrada se analizaran sus casos antes de que el Consejo Universitario tomara la decisión de expulsión, en donde asistió el propio secretario general y personal de Derechos Humanos de la institución, en el que se planteó por parte del funcionario que si los alumnos se desistían del amparo en contra del proceso de expulsión y se comprometían a no participar en movilizaciones, la Rectoría detendría las expulsiones, a lo que habrían accedido los jóvenes, aunque señalan que finalmente las autoridades no cumplieron ese acuerdo.
Cuestionados sobre si el acuerdo había sido por escrito, los voceros afirmaron que sí, que incluso lo firmaron, aunque señalaron que se reservan el hecho de mostrarlo cuando ellos lo consideren conveniente.
Luego que el Consejo decidió expulsarlos, los voceros señalaron que la Rectoría y el Tribunal les ha negado el derecho de audiencia, así como el desahogo de pruebas en su defensa, en el que afirman que se incluiría el presunto acuerdo no respetado. “Fue un cuatro que nos pusieron”, adujo uno de ellos.
40 expulsados de la UM
En la rueda de prensa de este jueves, se insistió en que las tomas de edificios en el año 2016, “fueron legales” y obedecían, al “legítimo” derecho de exigir acceso a la educación superior. Señalan que la política de “exclusión” de la Universidad Michoacana se fortaleció a partir del año 2012, cuando incluso se dio un choque con la policía al pretender liberar algunas patrullas retenidas sobre la Avenida Madero en esta capital.
Desde ese año hasta el 2017, señalaron, se han registrado 40 expulsiones de estudiantes y 60 han sido sancionados.
Demandaron al Consejo Universitario que se retome el tema, al igual que señalan que dos de los expulsados acaban de concluir su carrera y con la expulsión prácticamente se les “trunca su vida” al impedir que se puedan titular, por lo que insistieron en que la medida es “desproporcionada e injusta”.
Cuestionados sobre las acciones a seguir, manifestaron que esperarán a que pasen las vacaciones de Semana Santa, para plantear las acciones que en las vías legal y política emprenderán.
