Emilio Chuayffet Chemor, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió -aunque sin lluvia, truenos ni relámpagos- a comparecer ante la Segunda Comisión de la Permanente para explicar las motivaciones jurídicas y políticas para decidir, la tarde del viernes 29 de mayo, que la evaluación docente se suspendía indefinidamente por problemas “técnicos y de logística”.
El ex gobernador del estado de México sostuvo que el boletín a través del cual hizo pública la decisión de la dependencia a su cargo, “no representó en ningún momento acto de molestia o privación de los derechos de los participantes…no tuvo consecuencias jurídicas…con el anuncio del 8 de junio, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente notificó por correo electrónico, el lugar y la fecha para la aplicación de los exámenes de evaluación…la SEP y la Coordinación, mantuvieron una total discreción sobre las razones del boletín, para no verse impedidos a un debate político, dado el curso del proceso electoral y sobre todo, dada la discusión que había cobrado en la opinión pública mexicana”, sostuvo.
En la comparecencia, Chuayffet afirmó que fueron examinados 39 mil docentes en 30 entidades de la República, y que las autoridades educativas de Oaxaca y Michoacán solicitaron a la SEP que se reprogramaran –como se hizo el año pasado- las jornadas de evaluación en sus respectivas entidades.
Oposición revira
Sin embargo, la oposición en San Lázaro no le hizo la tarde fácil a Chuayffet. La diputada Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional (PAN), le habló fuerte al secretario de Educación y aunque el perredista Armando Ríos Piter –presidente de la Segunda Comisión de la Permanente- le pidió en varias ocasiones que concluyera su participación, la legisladora le contestó que se tenía que esperar y argumentó que no había sustento jurídico para que la SEP suspendiera la evaluación.
“No encontré el sustento jurídico que apuntalara la decisión que usted salió a anunciar y que se había tomado…Ya hay dos suspensiones del Poder Judicial de la Federación, una del Juzgado 6 en materia administrativa y dice que la suspensión no tiene sustento jurídico y que no se citan los fundamentos legales…dice: ‘de no realizarse las avaluaciones se generaría que los gastos previstos en el presupuesto para este fin se pierdan injustificadamente, perjudicando al erario público”, dijo Quintana.
Danner González Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la Auditoría de Desempeño sobre Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior, en 2013 la SEP no realizó evaluaciones de docentes de dicho nivel a pesar de tener atribuciones para hacerlo.
“En la aplicación de la prueba Enlace, de educación media superior, en las 32 entidades federativas, evaluó conocimientos de 1 millón 13 mil alumnos, pero no se evaluaron los conocimientos de 151 mil 700 estudiantes del último grado, ni en 2 mil 200 escuelas, por lo que no hay indicadores que midan los logros educativos”, lo que deja mucho que desear, sostuvo González.
“La suspensión de la evaluación sólo tuvo un objetivo, fue un estratagema cacha votos del partido en el poder, revolvieron el río para ver cuántos votos sacaban de los maestros disidentes. Esa es la verdad, no otra. Lo cierto es que la educación en este país no puede seguir estando en medio de las aguas políticas”, sentenció el diputado de MC.
Comparó la aprobación de la reforma educativa con una escena de la película “La Ley de Herodes”, en la que el personaje del presidente Vargas anunció que la modernidad y el progreso había llegado a San Pedro de los Aguaros y colocó un poste en medio del pueblo como signo del programa de electrificación y el poste se cayó de inmediato. “Ahí está la magna reforma educativa, en medio de terribles indicadores, de procesos de evaluación cuestionados y que no se llevan a cabo”.
En su intervención, Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que existe la posibilidad de que tras la evaluación, 1.4 millones de docentes tal vez no logren acreditar las condiciones suficientes para permanecer en el servicio.
El senador Manuel Bartlett Díaz recordó que la aprobación de la reforma educativa se realizó en minutos y que nadie sabía qué se estaba aprobando, “todos sabemos que este sistema es un producto de la OCDE y que este organismo es privatizador…No se puede imponer un sistema educativo…se ha logrado un linchamiento de los maestros de una organización que no acepta la evaluación; la otra está calladita porque sus directivos están amenazados de ir a la cárcel como ya sabemos quién”, dijo, en alusión a la ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo.
Bartlett señaló que el INEE no ha evaluado al sistema educativo nacional y que por lo tanto, no puede evaluar a los maestros y que el diálogo se debe extender a todo el gremio educativo; cuestionó cuánto paga el gobierno mexicano a la OCDE por su asesoría para “orientar el sistema privatizador”, el secretario dijo no tener la cifra, pero se comprometió a enviársela al legislador.
El senador sostuvo que si no hay un incremento al presupuesto en educación, difícilmente habrá un cambio verdadero, “el problema que tenemos en México es que marchamos a un sistema policiaco militar, con un gasto enorme en el tema, que ojalá estuviera en la educación…el camino de la represión que nos enseñan cada vez que hay alguna movilización, para criminalizarla, porque eso es lo que quieren hacer con los maestros. Si no convence a los maestros, no habrá sistema educativo”, apuntó.
La exgobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que el reto de la educación en México debe comenzar por determinar cómo el tema se convertirá en prioridad para el Estado si el Ejecutivo propuso un recorte de 9 mil millones de pesos en el sector, además de que se destinan, anualmente, sólo 363 pesos para que los docentes puedan acceder a educación continua y en las escuelas Normales, únicamente 36 % de sus docentes están contratados de tiempo completo, lo que ha generado que la matrícula para ser maestro se haya reducido en 30 %.
García argumentó que existe un déficit de maestros de educación primaria que asciende a 48 mil espacios y en secundaria de 33 mil.
La otra comparecencia
Minutos antes de que el secretario de Educación Pública estuviera en el banquillo de los acusados, los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), comparecieron ante la misma comisión de la Permanente.
Sylvia Irene Schmelkes del Valle, presidenta del órgano, sostuvo que dos horas antes de que se hiciera público el boletín a través del cual la SEP informó de la suspensión “indefinidamente” de la evaluación docente el 29 de mayo, fueron avisados, mas no consultados sobre el tema. Horas más tarde, los consejeros fijaron su postura y consideraron inconstitucional la decisión tomada de manera unilateral por la secretaría y pidieron que fuera reconsiderada.
“El INEE conminó al gobierno de la República para que dejara sin efectos la decisión de suspensión indefinida y observara los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de evaluación del servicio profesional docente, de acuerdo al calendario establecido”, argumentó Schmelkes.
Informó que el año pasado se dio el primer Concurso Universal para el Ingreso a la Docencia; su resultado arrojó graves preocupaciones al Instituto, pues evidenció que 36 % de los aspirantes a docentes tienen el perfil idóneo para poder serlo.
Schmelkes añadió que en el informe que se entregó al Congreso de la Unión sobre el estado de la educación en México, se argumentó sobre la necesidad de “que los normalistas puedan dedicar más tiempo a sus actividades académicas al interior de las Normales, y que estas dediquen más tiempo a la investigación”, por lo que ya se trabaja en un nuevo modelo de formación para las Normales y probablemente se anuncie en agosto.
“Nos preocupa la situación de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, nos preocupa que en estos estados haya maestros que, queriendo ejercer su derecho para la evaluación y promoción, que se presenta por primera ocasión en la historia de nuestro país, no pudieran hacerlo. Estamos a la espera de que la SEP tome las medidas necesarias para que estos sustentantes efectivamente puedan presentar sus evaluaciones”, dijo la consejera presidenta sobre las manifestaciones en rechazo de la evaluación docente.
Sobre la decisión de la SEP de decretar la suspensión de la aplicación de las pruebas, Schmelkes apuntó que el INEE pidió asesoría de despachos especializados, pues consideraban presentar una controversia constitucional, “porque nos parecía que sí había sido violentada nuestra autonomía” y sostuvo que si se volviera a presentar una situación similar, el INEE interpondrá dicho recurso.
En su participación, la comisionada Teresa Bracho declaró que el INEE y el sistema educativo tienen un marco jurídico, administrativo y político muy complejo y de autoridad concurrente, lo que se traduce en que no hay atribuciones exclusivas para ninguno de los actores participantes en el modelo, por lo que se complica la ejecución de todas las tareas.
A mí me citaron el jueves…
Cuestionado sobre la tardanza de su presencia ante el Congreso, 25 días después de la suspensión, por algunos días, de la evaluación docente, Chuayffet desestimó que fuera su responsabilidad, “porque me citaron el jueves y el citatorio llegó el viernes. Esa tarea, que le correspondía a las Cámaras, no la recibí a tiempo. Para venir a la Cámara no lo puedo hacer sin citatorio y éste llegó, firmado por un integrante de la Comisión Permanente, el jueves a Gobernación y el viernes conmigo”.
Informó que la evaluación a los docentes de Oaxaca y Michoacán se hará “cuando concentremos a quienes están registrados y desean hacer el examen, y podamos ubicarlos en un sitio seguro que les permita llevarlo a cabo”.
Chuayffet reconoció que la dependencia a su cargo tiene “muchos vicios que corregir”, sobre todo porque hay duplicidad, e incluso triplicidad de procesos, modelos y cambios en todo tipo de actividades, lo que agrava que el presupuesto parezca cada vez menor.
“Se dice, no tengo el dato probado, que con la nómina única y la depuración que en 30 estados se ha hecho, nos hemos ahorrado 10 mil millones de pesos”, concluyó el funcionario.
