Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-El senador del PRD, Raúl Morón Orozco se pronunció por no poner en riesgo los ecosistemas del país, a cambio de servir a intereses de empresas trasnacionales, como es el caso de la práctica de la fractura hidráulica o fracking para extraer gas shale, que causa severos daños al ambiente y a la salud humana.
En el cuarto día de debate de la Reforma Energética, donde sólo los legisladores de todos los partidos de izquierda han hecho uso de la tribuna para advertir las consecuencias económicas, sociales y ambientales que acarreará la Reforma Energética
Morón expresó que datos recientes muestran que México enfrenta una emergencia ambiental, derivados de la generación y uso de la energía, sin embargo en la propuesta de creación de los órganos reguladores coordinados en materia energética, no contemplan la creación de un órgano que cumpla con su función sustantiva de regular, promover, velar y exigir la protección al medio ambiente.
Declaró que el PRI y PAN siguen privilegiando la explotación y uso de fuentes fósiles, a pesar de que la producción y uso de este tipo de combustibles y su uso son los componentes más importantes de las emisiones de gases efecto invernadero, que aportan más del 60 por ciento, del total de emisiones contaminantes al ambiente.
Expresó que además abre la puerta a otras fuentes energéticas, hidrocarburos no convencionales, Gas Shale, y la explotación de aguas profundas, cuyos impactos en el medio ambiente y la salud están seriamente cuestionados, reiteró.
Raúl Morón, enfatizó que los michoacanos y particularmente los senadores del PRD, demandamos un Estado socialmente responsable, que apruebe legislaciones bajo un criterio de desarrollo que respete el medio ambiente y garantice el respeto por los derechos humanos, sentando las bases para un cambio de paradigma en la producción y consumo de energía actual.
Destacó que la propuesta de creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, es un proyecto de un órgano regulador débil, dependiente de la administración pública centralizada, cuyo director Ejecutivo será nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo, o peor aún, ya que el primer Director podrá ser de acuerdo con el artículo segundo transitorio, un accionista, apoderado, consejero o directivo de alguna empresa privada del sector de hidrocarburos.