El Consejo Supremo Indígena y otras agrupaciones indigenistas sí fueron consultadas para la elaboración, presentación y posterior aprobación en el congreso del estado de la Reforma Indígena de Michoacán. Humberto Urquiza, enlace legislativo del gobierno del estado reveló los avances de la propuesta.
Tras la aprobación por unanimidad de la reforma, expresiones como el CSI emplazaron con impugnar la iniciativa con el argumento de que no fueron consultados por parte del gobierno ni los legisladores.
La exigencia radica en que se tendría que haber sometido a consulta a mano alzada en asambleas comunales y posteriormente enviada a los diputados locales.
En respuesta, Urquiza aseguró que los puntos principales como el presupuesto directo, el reconocimiento de las encargaras del orden y el principio de mano intervención de actores políticos en los asuntos de las comunidades fueron aportaciones del Consejo Supremo indígena.
El modelo reformado de organización comunal establece que partidos políticos, alcaldes y gobiernos en general no podrán intervenir jurídicamente en los asuntos de las comunidades que alcanzaron la autonomía administrativa y económica de sus recursos.
Actualmente, previo a la reforma indígena, 4 gobiernos municipales de los 22 distritos en donde se han establecido consejos comunales han impugnado, amparado o desatado luchas judiciales en contra de las comunidades, lo que dilató la consolidación del mismo numero de pueblos autónomos.
