Con la repartición de espacios se vicia la operación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, ya que no existió criterio alguno para evaluar el perfil de los designados.
La diputada Cristina Portillo Ayala, integrante de la Comisión Inspectora, reconoce que a pesar de ser impugnable la acción aprobada el pasado 26 de febrero por la mayoría del Pleno del Congreso, no se cuenta con el número de suficiente de diputados que establece la ley para promover una acción de inconstitucionalidad.
Cabe recordar que la semana pasada mediante un albazo avalado por la mayoría de diputados, se designó al personal que integrará la Unidad de Evaluación y Control, en donde los legisladores hicieron acomodo indiscriminado de familiares y allegados, repartiéndose abiertamente los espacios.
“La votación fue muy grave, fueron 23 votos los que se dieron y 23 cargos los que se repartieron”, recuerda Portillo Ayala quien cita que la Ley de Fiscalización Superior del Estado, establece en el caso de la Unidad que la designación de perfiles será por acuerdo de la Comisión Inspectora.
“Creo que es un grave error haberse repartido mercantilmente estos cargos, es lamentable esta práctica parlamentaria deleznable y no es porque no se haya repartido de un lado o de otro, porque el planteamiento original era que con esta nueva Ley de Fiscalización y con esta Unidad hubiera un desempeño profesional”.
Portillo reconoce el riesgo que esta ruta aplicada por la mayoría legislativa se pretenda aplicar en la designación de otros cargos como lo es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el Consejero del Poder Judicial que están pendientes.
