Morelia, Michoacán.- La organización Humanas Sin Violencia, requirió la intervención de ONU Mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres, y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Desarrollo de las Mujeres para efectuar una revisión de la reforma en materia de feminicidio al Código Penal del Estado, aprobada por el Congreso del Estado, por considerar que ésta pone en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.
Humanas Sin Violencia –promotora de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán- luego que el pasado 26 de noviembre el Pleno del Congreso reformó el Código Penal en materia de feminicidio, ha realizado señalamientos sobre diferentes inconsistencias que considera ponen en riesgo los procesos judiciales que se desarrollen contra victimarios.
Por la noche del ayer domingo, Humanas emitió un comunicado con un llamado a Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, Nadine Gasman Zylbermann del INMUJERES, y Nuria Gabriela Hernández Abarca de SEIMUJER, para una revisión sobre el asunto.
“Hay serias deficiencias, considerando que se trata de garantizar a las mujeres víctimas de feminicidio que no haya impunidad social ni del Estado, además de buscar que el sistema penal garantice los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sancionando con claridad aquellas expresiones misóginas que justifiquen diversas expresiones de violencia y la privación de la vida”.
Desde la perspectiva de Humanas la reforma aprobada, por un lado, establece como causales aspectos procesales en el delito de feminicidio evidenciando “la falta de técnica legislativa y de la exhaustiva revisión de los tratados internacionales y jurisprudencias que en materia de armonización jurídica con base en los derechos humanos de las mujeres requiere”.
En el caso del artículo 133, respecto de homicidio y lesiones atenuadas, “se sigue retomando el concepto de estado de emoción violenta, que si bien acota en caso de feminicidio y lesiones, sabemos que cualquier atenuante es una ventaja que los agresores suelen utilizar, y es que juzgar con perspectiva de género y derechos humanos permite justamente conocer y analizar que las razones de género establecen criterios para el acceso a la justicia y que no sólo se trata de mujeres sino también el considerar a las víctimas secundarias como las niñas, niños y adolescentes”.
En su posicionamiento Humanas Sin Violencia responde además a un comunicado emitido por la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso local, en defensa de lo aprobado.
Señala Humanas: “Es importante aclarar que no estamos solicitando a la Comisión de Justicia del Congreso del estado ni a la Comisión de Género, que transcriba del Código Penal Federal la tipificación del delito de feminicidio, sino que hagan un trabajo serio, profesional y ejemplar, que demuestre compromiso con la agenda de los derechos humanos de las mujeres, para que haya una revisión de los tipos penales en materia de feminicidio a nivel nacional que permitan establecer con claridad, objetividad y conocimiento, para con ello garantizar el trabajo de quienes procuran e imparten justicia, ya que una de las mayores demandas feministas y sociales, está centrada justamente en la complejidad e imposibilidad que muchas veces enfrentan todos estos actores, pero principalmente las víctimas secundarias para alcanzar justicia”.
Agregan que se respeta la posición del Congreso a defender su autonomía, pero recalcan que esto no impide que los diputados estén obligados a dar cumplimiento a establecer parámetros que mejoren la protección jurídica de las mujeres, así como su dignidad, integridad y vida, lo cuales estén basados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que nuestro estado forma parte del pacto federal y conforme a las disposiciones de los tratados son aplicables sin excepción alguna.
“Consideramos que en un verdadero ejercicio democrático e incluyente del que deberían dar muestra, sería establecer reuniones de trabajo tanto con la Fiscalía General de Michoacán como con el Poder Judicial, así como a quienes hacemos este llamado, ya que esa relación es la que permite establecer aquellos obstáculos y aspectos que posiblemente estén impidiendo garantizar a las víctimas el debido proceso y el acceso a la justicia”, subrayan.
