Rosario Herrera Guido*
No deja de ser una señal de alarma para nuestra incipiente democracia y frágil República, analistas políticos, luchadores sociales, organizaciones sociales y ciudadan@s, que a partir de una nueva Ley General de Transparencia de Acceso a la Información, en lugar de salir ganando salgamos en realidad perdiendo, pues los siete comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), enviaron un documento de diez puntos al Senado de la República para externar sus inquietudes, con una serie de aristas sobre lo que se podría aprobar (no sin la indiferencia o el descuido de los ciudadan@s), en materia de transparencia y acceso a la información, como un asunto fundamental de la transición hacia la democracia, cual instrumento legal que les permita a los ciudadan@s pedir información y que nadie, bajo ningún pretexto, se las pueda negar.
Les recuerdo que la Reforma que se aprobó en 2014, justo porque buscaba ensanchar los márgenes del acceso de los ciudadanos a la información, se convirtió en la Joya de la Corona, como para presumir al mundo global semejante logro de la transición democrática, pactada entre todos los partidos políticos, para ampliar las libertades y los derechos ciudadanos, además de las herramientas para la información que les corresponde como propia.
Pero en el paraíso de la democracia prometida no podía faltar una viborita: una coalición del PRI, el Partido Verde y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República Mexicana, que trata de cambiar la Ley General de Transparencia, por un simulacro. Como advirtió el pensador y sociólogo francés Jean Baudrillard: “simular es pretender tener lo que no se tiene” (patriotismo y espíritu democrático) y “disimular es pretender no tener lo que se tiene”(complicidad y servidumbre) (Baudrillard, Cultura y simulacro, kairós, 1978). Una simulación que finge dar un paso agigantado cuando se trata de varios pasos de cangrejo, a través de diferentes versiones de lo que el PRI-Verde y la Presidencia están intentando hacer.
Unas truculentas modificaciones a la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información, que sólo pueden abismarse en una rendición y claudicación de las prácticas democráticas en el plano internacional contenidas en esta reforma constitucional, con regresivos y nefastos efectos. Porque en tales documentos que están circulando en las sombras, se trata de eliminar “la prueba de daño, como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información”. Es decir, que quien demanda la información tiene que probar que no puede haber daño público si se hace pública tal información. Con lo que se busca eliminar que los funcionarios tengan el deber de informar sobre el desempeño de sus obligaciones. Se trata de que la Ley de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes relacionadas con la materia.
Lo que está sucediendo es lo que pasa con los Tratados Internacionales firmados por México y que en la práctica quedan sometidos a las leyes nacionales, con las que se vacuna el contenido original de lo que se firmó. En suma, se está buscando excluir a instituciones claves en este momento histórico de México en el que se abre el sector energético a la inversión privada, como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. Para echarles un negro manto a las licitaciones, los participantes y las ganancias, además en instituciones que tienen una larga cola que les pisen de irregularidades y de corrupción. Y como cereza del pastel, la ausencia de comités de transparencia, demandadas por las organizaciones civiles en el sentido de constituir cuerpos colegiados dentro de las instituciones del gobierno, como un contrapeso que impidiera que una sola persona pudiera ejercer una autoridad arbitraria.
Asimismo, la opacidad de los fideicomisos, que deben estar fundados, como enseña el filósofo francés Jaques Derrida, en el fides, en la fe y la confianza (Derrida, “Fe y saber, Las dos fuentes de la ‘religión’ en los límites de la mera razón”, en La religión, La Flor, 1997). Pero que por el contrario, los fideicomisos mexicanos, haciendo gala de perversidad, son escondidos en un oscuro rincón en el que se realizan muchas transas con el gasto público, incluso cuando se anuncia fanfarrias que están al cuidado de honorables personajes, pues en el México de las marrullerías ni a cargo de un cortejo de arcángeles están seguras las finanzas públicas.
Y para cerrar con broche de oro, el PRI, el Verde y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República Mexicana, están buscando tras bambalinas alargar como chicle los plazos de reserva de la información, para que en lugar de diez años de reserva por “Seguridad Nacional”, se prolonguen hasta que la memoria histórica se pierda en el polvo del olvido. De modo que nadie sepa nada por ¿Seguridad Nacional o seguridad del Presidente?
*Doctora en Filosofía (UNED) y en Psicoanálisis (CIEP), investigadora, ensayista, analista política, periodista cultural y Miembro Permanente del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Craiova, Rumania.
