Morelia, Michoacán.- A pesar de que la justicia dictó la pena máxima de 50 años de prisión contra Diego Urik Mañón Melgoza por el feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor, su madre, Verónica Villaseñor Ferreyra, expresó su indignación ante la posibilidad legal que aún tiene el sentenciado para interponer un recurso de amparo.
La señora Villaseñor, quien ha mantenido una lucha legal desde 2020, con el objetivo de hacer justicia en el caso de ser hija, señaló que el proceso judicial, aunque culminó con una sentencia severa, está plagado de beneficios legales para el agresor, lo que pone en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial mexicano.
Verónica Villaseñor lamentó que, incluso después de ser juzgado y sentenciado a 50 años, Diego Urik aún conserva recursos legales para acortar su condena.
“Él puede interponer un amparo más e incluso le dan el tiempo de 8 años para interponerlo […] Es un recurso más legal que él tiene, aunque ya fue juzgado”, declaró la madre, quien consideró, este beneficio legal es incomprensible tras el daño causado.
La familia se siente frustrada al saber que el sentenciado aún puede buscar reducir su pena bajo el argumento del derecho a la reinserción social, un beneficio que, para ellos, no debería aplicarse en casos de gravedad.
La lucha de la familia Villaseñor trasciende el caso individual de Jessica, y se ha convertido en un estandarte social, por ello, desde su experiencia, Verónica Villaseñor es enfática al denunciar las irregularidades del aparato judicial mexicano.
“Estoy luchando en contra de un sistema que me habla de justicia y que no me ha demostrado ninguna justicia. Es muy doloroso y triste porque sé que no vamos a parar, porque estoy luchando contra una familia mal educada y contra un sistema mal educado, se están robando los años de vida de mis dos hijos pero no puedo renunciar”, dijo enfática la madre de familia.
Verónica Villaseñor consideró que el sistema judicial es “fallido” y está “podrido”, por lo que necesita un cambio profundo, pues su existencia parece diseñada para otorgar las máximas posibilidades a los criminales de evadir la responsabilidad total de sus actos.
La familia se mantiene preparada, ante la posibilidad de que Diego Urik recurra al amparo; para ello, han trabajado con múltiples equipos de abogados para conocer las herramientas legales que le hagan justicia a Jessica y que dejen un precedente en las leyes mexicanas.
*Pena máxima para Diego Urik, una lucha que no acaba*
Tras ser sentenciado inicialmente a la pena máxima de 50 años de prisión por el feminicidio de la joven Jessica González, un tribunal de Michoacán decidió reducir dicha condena a 42 años y seis meses, disminución que se basó en argumentos como la edad del sentenciado al momento del crimen (18 años) y la aplicación del derecho a la reinserción social como atenuante.
Las víctimas indirectas presentaron recursos legales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en octubre de 2025, la SCJN revocó por unanimidad dicha reducción. El argumento central de las ministras fue que, debido a la extrema gravedad del delito de feminicidio, el derecho a la reinserción social no puede ser un criterio válido para disminuir la sanción.
Al revocar la reducción, la SCJN instruyó a los tribunales de Michoacán a emitir una nueva resolución que respetara los principios constitucionales y de proporcionalidad, lo que dejó sin efecto la pena reducida.
Esto significa que la sentencia original de 50 años de prisión es la que debe prevalecer, pues se considera que la individualización de la pena debe priorizar la gravedad de la conducta y la vulneración a la vida y dignidad de la víctima por encima de los beneficios atenuantes, no obstante, tras este largo recorrido en busca de la justicia, Diego Urik aún cuenta con una oportunidad para reducir su sentencia.
