Erika Bárcena Arévalo / Colectivo Emancipaciones
Cuando empecé a escribir esta contribución me pareció buena idea reflexionar sobre la necesidad en México de una cultura social de derechos humanos, principalmente dado que el contexto actual de nuestro país está marcado por violaciones graves a los derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, que ha necesitado ser expuesto en toda su brutalidad para generar la reflexiónsocial y la desestabilización de una figura presidencial, otrora imperturbable, ahora señalada como responsable de la impunidad, la represión y las violaciones de derechos humanos.
Primero pensé que los derechos humanos no siempre gozan de la mejor reputación dado que para algunas personas la mayoría de las veces sólo sirven para liberar criminales. Frente a esta idea supuse que debía contraponer otra: si los derechos humanos son inherentes a las personas, los tenemos por el sólo hecho de serlo y no en función de la opinión que le merezca a otros la calidad de nuestrasacciones, es decir, tenemos derechos humanos independientemente de que para la opinión pública nuestros actos califiquen como “fechorías flagrantes” y por lo tanto siempre debemos ser tratados como personas y no como escoria social. Así visto, éste sería el presupuesto sobre el cual debería basarse una cultura social de derechos humanos.
Inmediatamente relacioné este presupuesto con la garantía de un estado de derecho efectivo, partiendo de que éste no significa, para decirlo en términos coloquiales, que la policía mantenga el orden a palos y balazos, sino que la ley se cumpla a pie juntillas y por lo tanto nuestros actos sean en su caso juzgados conforme a la ley para que un juez imparcial determine si la transgredimos o no.
Pese a que parecía tener lógica sentía que había equivocado algún paso, y después caí en cuenta de queinevitablemente esta contribución se convertiría en una clásica apología de la ley, y de que en todo caso sólo es un supuesto válido si se presupone que ésta no viola derechos humanos, porque habría que recordar que el régimen nazi fue legal y por esa misma razón se busca que los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, sean reconocidos a las personas para protegerlas de lasviolaciones a su dignidad perpetradas por los Estados. Ello no significa que sea una realidad, desgraciadamente, puesto que en términos generales la mayor parte de las dictaduras del siglo XX generaron legislación que justificara la persecución a los disidentes.
El panorama cambió entonces radicalmente: una cultura social de derechos humanos tendría que significar, para ser congruentes con el presupuesto inicial, desconocer la ley que los vulnera y por lo tanto, al menos a los ojos de no pocos, convertirse en criminal. Dicho así en abstracto puede sonar drástico, pero hoy día en México somos testigos de la criminalización a la protesta social organizada contra una ley o acto de autoridad que viola derechos humanos. Para muestra el caso de la criminalización de la tribu Yaqui en su lucha por la defensa de su derecho al agua, que a la fecha se expresa en la detención y procesamiento de sus líderes Mario Luna y Fernando Jiménez.
Paradójicamente en el mejor de los casos los derechos humanos sólo existen en el ámbito jurídico nacional hasta que están contenidos en una ley, y aun esa no es ninguna garantía de que se gocen efectivamente porque la ley puede estar sujeta a interpretaciones que, hay que decirlo, aunque a veces se gana y a veces se pierde nunca son objetivas; o bien puede ser letra muerta.
Lo anterior trae como consecuencia que muchas veces la vinculación de los derechos humanos con la dignidad de la persona y el hecho de ser inherentes a ella se convierten en elementos grandilocuentes de un discurso políticamente correcto y quizá teóricamente informado, pero cuando el goce efectivo de los derechos humanos contenidos en unaley se reclama ante un juez, estos elementos pasan a un segundo plano privilegiándose la interpretación en base a la intención del legislador o a cualquier otro criterio de la hermenéutica jurídica. Ya ni hablar de cuando se protesta contra una ley que viola derechos humanos, la represión es casi segura por mucho que la clase política se pueda llenar la boca hablando de justicia social.
Al final terminé preguntándome qué demonios son los derechos humanos y por mi cabeza rondó la idea de que tal vez sean una trampa mortal, una de las tantas promesas incumplidas de la modernidad que perseguiremos toda la vida pero nunca se cumplirá aunque la reclamemos entodas las calles y en todos los juzgados de este país; que tal vez justo ahí terminará todo: la lucha social por los derechos humanos reprimida en forma de un expediente que se pudrejunto con nuestra dignidad en el fondo de algún archivero.
Pues sí, ante la realidad es difícil ser optimista y a veces pareciera que es totalmente fútil invertir algunas líneas en cómo debiera ser una cultura social de derechos humanos; a veces parece cierto eso que me dijeron una vez de que son sólo humo de incienso que se quema en todas partes, pero renunciar a tan noble promesa tampoco es satisfactorio.
Desafortunadamente no tengo respuestas pero considero que una cultura social de derechos humanos que anteponga siempre la dignidad de las personas es urgente, en alguna medida en eso consiste aceptar al otro como igual antes de que nuestra valoración sobre la calidad de sus acciones nos lleve a catalogarlo sin tratar siquiera de entender su contexto. Es cierto que los derechos humanos existen en el derecho nacional hasta que se convierten en ley, pero en la letra de ésta a veces mucho se pierde de entrada porque no se puede captar en un texto la complejidad social; ya no se diga cuando la ley es interpretada.
El punto es, me parece, que mientras algo se gane con la ley no podemos desecharla, pero a veces también hay que aprender a dejarla ir y construir desde otros espacios, o incluso luchar contra ella si viola nuestros derechos humanos antes de que nuestras luchas y nuestra dignidad se queden en sólo un papel, en sólo un capítulo de la Constitución llamado “De los derechos humanos y sus garantías”. Hoy más que nunca es urgente una cultura social de radical defensa a los derechos humanos.
Erika Bárcena Arévalo es integrante del Colectivo Emancipaciones, abogada de la comunidad y municipio indígena de Cherán, Michoacán; Maestra en Derecho con opción terminal en Humanidades por la UMSNH, estudiante del Doctorado en Antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
