La siguiente historia es parte de lo publicado ayer por Revolución TRESPUNTOCERO, sobre el asesinato perpetrado por elementos del ejército en Nuevo Laredo. Las víctimas: Ricardo Daniel Borrego Miguel, de 19 años, y Diana Calderón Bravo, de 21 años.
(29 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ricardo Daniel Borrego Miguel tenía 19 años, el 19 de mayo pasado, no tenía ni media hora de haber salido de su casa para reunirse con un amigo, que conocía desde hacía años, cuando al estar saludando a un grupo de jóvenes, los soldados llegaron derrapando sus camionetas, se bajaron y abrieron fuego contra ellos y quienes pasaron por ahí, narraron los testigos.
“Quienes estuvieron ahí, afirmaron que los muchachos era inocentes, no lo decimos los familiares, sino gente ajena que vio que los jóvenes estaban desarmados, fue el ejército que llegó y disparó. Lo que sabemos con certeza es que los mataron y luego dijeron que eran delincuentes”, afirma en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO, Isamar Borrego Miguel, hermana de Ricardo.
Y agrega: “esto es algo que nunca esperas. Cuando mi hermano no aparece, comenzamos a buscarlo, pero no sabíamos a quién recurrir, entonces fuimos ante las autoridades, quienes nos preguntaron cómo era físicamente, fue así como supimos lo que había pasado. Al reconocer el cuerpo de Ricardo nos dijeron que había muerto en un enfrentamiento, lo cual nos sorprendió mucho pero nos enojó más, porque él no pudo participar en algo así, ni siquiera sabía usar armas, mucho menos podía tener una”.
Isamar relata que los testigos, que también aportaron su testimonio al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH), vieron cómo Ricardo corrió sin armas y los soldados lo persiguieron, disparándole varias veces, hasta que una bala penetró en la nuca y salió por la boca, provocándole una hemorragia que lo llevó a la muerte.
El Licenciado Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del CDH, relata en exclusiva paraRevolución TRESPUNTOCERO: “a Ricardo, el ejército le puso encima de su cuerpo un suero, nada más para simular que hubo atención médica. Cuando el muchacho estuvo aproximadamente una hora con 15 minutos sin que ningún médico lo atendiera. De acuerdo a la versión de un testigo, Ricardo recibe el disparo, cae boca bajo y todo ese tiempo estuvo en esa posición ahogándose con su propia sangre, después el ejército lo coloca boca arriba y es ahí donde ponen el recipiente de suero, los soldados tomaron fotos para simular ante el Ministerio Público (MP) que se permitió la atención médica”.
A su vez, señala que “ese recipiente pudieron quedárselo los familiares, porque el MP no lo tomó como evidencia, y lo dejó abandonado en el lugar de los hechos. Cuando los hermanos de Ricardo lo revisaron, se percataron que el suero estaba cerrado, demostrando que no se había usado, las mangueras también estaban limpias. Todo el equipo era nuevo y sin usar. Esto demuestra como el ejército abandona a las personas y la negación de atención médica, esto es una evidencia más en el caso de Ricardo, que el CDH tiene para demostrar cómo los militares manipulan las áreas de los hechos”.
*Nota aclaratoria: las fotografías anteriores son publicadas por Revolución TRESPUNTOCERO a petición de las fuentes, demostrando lo anteriormente escrito, ya que éstas representan parte fundamental de la defensa del joven, comprobando cómo es que las fuerzas armadas alteran la escena del crimen perpetuado por sus elementos, para sustentar su acusación.
Isamar afirma: “a mi hermano se le culpó de delincuente, y no se supo nada más. Después de una semana nos entregaron el cuerpo y hoy estamos sepultándolo; el ejército no nos dijo nada, nunca dio la cara, y tampoco queremos que lo haga. Ellos hasta ahora no nos ha molestado, y ni queremos que lo hagan, porque sí tenemos miedo. La inseguridad genera miedo, y creemos que nos pueden llegar hacer algo, así como lo hicieron con mi hermano siendo inocente, si nosotros hacemos algo en contra de ellos pueden dañar a nuestra familia”.
“La mamá de Ricardo tienen mucho miedo. Ella cree que al final la muerte de su hijo va a quedar en la impunidad, tal vez tenga razón, tal vez no, pero la obligación es denunciar, por ahora solamente existe una queja ante la CNDH (2/2015/3768Q). El temor de la víctima es comprensible, porque en primera no tiene dinero para pagar abogados y en segunda es una persona que trabaja una maquiladora, donde son muy estrictos y su familia también depende de su sueldo, no podría tener tiempo para asistir a los juzgados, lo cual es entendible, porque este tipo de denuncias implica que la familia le dedique mucho tiempo”, comenta Ramos Vázquez.
“Somos tres personas las que sostenemos la casa, mi mamá con su trabajo en la maquiladora, yo en una tienda y mi hermano en un OXXO, no tenemos tiempo, ni dinero para buscar ayuda, sabemos que mi hermano es inocente, que cuando escuchó los balazos corrió, porque esta ciudad es peligrosa, aquí no estás seguro, nunca falta que te enteres que los militares levantaron gente por nada, entonces la única reacción ante este tipo de situaciones es correr”, afirma Isamar.
La joven comenta que, “nada más queríamos que nos entregaran el cuerpo de mi hermano, velarlo y enterrarlo, ya lo demás lo dejaremos en las manos de Dios. Lo único que hicimos fue meter una denuncia ante la CNDH, con la ayuda del CDH, pero no haremos más, porque lamentablemente estas cosas que pasan te bloquean y el miedo a que nos vayan a hacer algo es muy grande, porque tenemos muchos niños que no queremos que salgan perjudicados”.
Las familias expresan mayor temor a las Fuerzas Armadas que al crimen organizado, “esta expresión demuestra la desconfianza que se tiene a las fuerzas federales; la sociedad por un lado teme por lo que el crimen organizado pueda llegar a hacer y por otro al abuso de militares, Marina y policía. Además se enfrentan a la no obtención de justicia, ya que con el crimen muchas veces es difícil que llegue, porque la autoridad está rebasada y cuando el delito involucra a la autoridad militar, es aún más complejo, aún cuando se supone ellos deben proteger a las familias por mandato constitucional, pero en lugar de eso, se dedican a desacreditar a los individuos, lo que provoca doble dolor”, agrega Ramos Vázquez.
Además explica que la tasa de impunidad es muy alta en cuanto a este tipo de delitos, porque las cifras que el CDH maneja regularmente es que por cada 10 crímenes, torturas, violaciones y ejecuciones que cometen las fuerzas federales, solamente 3 se denuncian, y de esos tres, nada más uno se queda hasta el final del procedimiento, ya que dos abandonan la queja que inicialmente interpusieron.
“La tasa de impunidad también es muy alta por la parcialidad del MP, debido a su protección y complicidad que se da entre éste y la PGR, sin dejar de mencionar el poder que se le ha dado a los militares, principalmente en los sexenios de Calderón y en este de Enrique Peña”.
Argumentando que “lo que hemos vivimos en los últimos 10 años, rompió todo orden jurídico, social y en materia seguridad. En el caso de Ricardo, la CNDH en su momento tendrá que emitir una resolución, que puede ser una recomendación o una declaración pública, eso lo determinará la Comisión de acuerdo a las evidencias, pruebas y testimonios que reúnan durante la etapa de investigación. Si hubiese alguna recomendación, será la CNDH y la Secretaría de la Defensa quienes deban presentar una denuncia de hechos ante la PGR”.
El Licenciado Raymundo Ramos Vázquez espera que en un mes la familia recapacite y presenten la querella, así el caso de Ricardo puede tener otro escenario jurídico, porque aunque “con toda seguridad el MP no iniciará una averiguación, ésta puede abrirse en cualquier momento por tratarse de un delito grave, considerado de lesa humanidad”.
“La justicia depende ahora nada más del comportamiento de las Fuerzas Armadas y de Enrique Peña Nieto, si realmente se compromete apoyar a las víctimas entonces no debemos esperar ningún acto de represalia, tampoco de intimidación, ni mucho menos de venganza de quienes estén involucrados, si no se presenta ese tipo de escenario, entonces la familia tendría más confianza para acudir a denunciar”, afirma Ramos Vázquez.
Isamar dice: “quiero aclarar que sí queremos justicia, porque fue un asesinato, tal vez más adelante pongamos alguna denuncia esperando que en el futuro las autoridades nos puedan dar una respuesta del porqué sucedió esto”. Agregando que, “si pudiera tener frente a mí a Enrique Peña Nieto, le diría que debe de dar más seguridad a las familias, pero que no nos cuide nada más del narco, sino que nos cuide también del ejército, no queremos vivir otra situación como la que le pasó mi hermano, porque en la calle caminan muchos inocentes, principalmente jóvenes, que el ejército mata y después dicen que son delincuentes, eso no es justo”.
“En Nuevo Laredo el ejército tiene la fama de asesinar a cualquiera, por eso ya no puedes caminar en paz y a gusto en las calles, porque te levantan, te llevan, agreden, aunque seas mujer y te culpan de algún delito, esa es la inseguridad sigue aquí”, finaliza Isamar.
