La lucha de las mujeres por una vida libre de violencia es el movimiento social más activo y mejor organizado actualmente en México; ajenos a las prácticas de corporativismos gremiales y organizaciones clientelares, los colectivos feministas han alcanzado una fuerza orgánica importante, con diversidad de criterios en sus filas pero con capacidad de movilizarse en torno a un objetivo común.
Los brutales asesinatos de Ingrid Escamilla y de la niña Fatima, una vez más, nos enfrentaron a nuestra descomposición como sociedad en todos los niveles; desde quienes hicieron escarnio con las fotos de las víctimas, hasta quienes usaron la tragedia como arma política, y los que simplemente voltearon la cara para no ver una dolorosa realidad.
Las feministas respondieron con una propuesta contundente: un paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo bajo la consigna de que “si faltamos nosotras, para el mundo”. La iniciativa que pretende visibilizar el impacto de la ausencia de la mujer, así como su aportación a la economía y vida social, rápidamente encontró eco en diversos sectores sociales, pero también fue vista por la oposición política como una oportunidad de poner contra las cuerdas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y orientar la condena pública al feminicidio contra su gobierno.
La derecha opositora al aborto y aliada de grupos impresentables como los Legionarios de Cristo tomó las banderas de la causa feminista, y de un plumazo borró su propia historia; por ejemplo, que durante el sexenio de Felipe Calderón la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes se elevó de 2 por ciento en 2007 a 4.6 en 2012; es decir, pasó de 1 mil 83 asesinatos a 2 mil 773.
El oportunismo político salpicó a la iniciativa #UnDíaSinMujeres, y el debate público se desvió de la denuncia contra la violencia de género al cuestionamiento sobre la legitimidad de la protesta programada para el 9 de marzo; incluso, en un contrasentido, las mujeres han entrado en confrontación y se dividen entre las que apoyan el paro nacional y las que lo condenan.
En tiempos electorales todo es oportunidad, y en esa coyuntura se siguen sumando paradojas a la lucha feminista; un sinfín de instituciones públicas, niveles y órdenes de gobierno, se han dejado llevar por la urgencia de ser “solidarios” y han otorgado su “permiso” para que falten a los espacios de trabajo; sin embargo, esta oficiosa condescendencia le quita a la protesta su significativa carga de rebeldía, y vuelve a meter a las mujeres al redil de las relaciones de domino patriarcal.
La lucha de los colectivos feministas no es por obtener la solidaridad institucional para con sus formas de protesta, sino para exigir que se implementen políticas públicas y acciones de Estado contra la violencia de género y feminicida, para garantizar la equidad de derechos, y en demanda de la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, entre otros legítimos reclamos.
El paro nacional de mujeres ha polarizado a la sociedad, pero por las razones equivocadas, y en esa polarización queda de manifiesto que aún queda mucho camino por andar para alcanzar las conquistas a que aspira el feminismo, porque en el sistema político, institucional y gubernamental no hay una empatía genuina con los problemas que enfrentan las mujeres en México, y mucho menos existe una intención real de encontrar soluciones de fondo. Lamentablemente, han reducido al flagelo de los feminicidios a un campo de batalla político-electoral.
Nuevamente, han dejado a las mujeres un único camino: la sororidad en rebeldía.
