La censura en internet se está orquestando desde diferentes frentes. No sólo a través de la reforma en Telecomunicaciones; a pesar de los intentos de disimular lo que ocurre, todo apunta a lo mismo.
Los piratas del siglo XVIII vivían en una red que funcionaba pese a su ilegalidad. Hakim Bay consideraba desde los 90, que internet podría albergar la utopía pirata del siglo XXI: tomar lo necesario, compartirlo, acelerar el progreso humano a través de la información.
A diferencia de los piratas antiguos, que tenían que despojar a otros de sus bienes para apropiárselos, internet es un espacio virtual donde el que alguien tenga algo y lo comparta con un millón de personas, no hace que el primer “poseedor” tenga menos.
La académica catalana, residente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guiomar Rovira, considera que habiendo “amenazas globales” como el terrorismo, la pornografía infantil y el narcotráfico, los gobiernos pretenden “hacer tabla rasa” y tratar de la misma forma a la piratería, porque compartir contenido en internet ni siquiera es un crimen hasta ahora.
La Oficina Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés), señaló que la piratería mexicana ha sido una de las prácticas más dañinas para la economía estadounidense. Bajo el argumento de que la piratería afecta a trabajadores estadounidenses, el gobierno mexicano busca implementar medidas de control en internet, que no deberían siquiera existir. Dado lo absurdo de la política, se disfraza la medida como una acción que beneficiará “el derecho de autor”.
Se trata de un movimiento internacional en el que se han activado diversos mecanismos jurídicos internacionales, como el ACTA; pero también otros, como el Acuerdo Transpacífico Cooperación Comercial (TPP), el cual, pese su gran opacidad, la organización Wikileaks, filtró uno de sus capítulos, relacionado con la protección de la propiedad intelectual.
¿Qué quiere hacer este tratado que incluye a México y otros 12 países?
1. Que los gobiernos trabajen para velar por los intereses de las empresas.
2. Con la firma de este tratado, el Estado está obligado incluso a cambiar sus leyes, lo cual, pondría encima los derechos de una disquera a los de sus ciudadanos.
3. No se podría transmitir contenidos televisivos por internet sin la autorización de las televisoras.
4. Para facilitar su cumplimiento, sancionarán a la empresa de hosting que lo permita, convirtiéndolos en sus vigilantes.
5. Se castigará a los proveedores del servicio de internet, facilitando el control.
6. Automatizarán la vigilancia.
7. Se premiará a quien de información de infractores y a los proveedores que cumplan con las disposiciones.
El control avanza en México
Mientras los gobiernos internacionales se ponen de acuerdo, en México ya se dio el primer paso: la ley sopita mexicana.
Para la doctora María Elena Meneses, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la forma básica en la que esta sociedad de control se ha comenzado a gestar, es bajo leyes de una “supuesta protección a los derechos de autor”.
Se trata de legislaciones que pueden vulnerar derechos sociales, “¿Quién garantizará que en un país donde se vulneran los derechos constantemente, no se utilizará a la ley con otros fines o para otras cosas más políticas o económicas?”, cuestiona la especialista.
La “Sopita” es una iniciativa de ley que presentaron dos diputados priistas, la cual, pretende inhibir la circulación de contenidos en internet con derechos de autor, a través de castigos penales. La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) la está cabildeando, según confirmó en entrevista Hugo Pérez Negrón, jurídico de dicha asociación.
Según Antonio Martínez Velázquez, oficial de comunicación de Artículo 19, dentro de las disposiciones de la propuesta de ley, destaca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se convierta en juez, agente penalizador y perseguidor de quien viole las disposiciones de derecho de autor.
¿Qué pretende la ley sopita?
1. Tener el poder para perseguir a quien incumpla las normas de derechos de autor.
2. Obligar a los proveedores de internet a vigilar a sus clientes y suspender su servicio en caso de que violen la ley.
3. Recabar los datos personales de los usuarios de internet para facilitar el control.
4. Multas que irán de $1,913 – $2,108, según la zona, hasta $1,275,400 – $1,345,800
5. Castigar con cárcel de 6 meses a 6 años, por compartir o descargar obras protegidas con derecho de autor.
Esto quiere decir que puedes acabar en prisión, o tener que pagar una multa por un compartir un meme, bajar una rola o por transmitir una serie en internet.
El absurdo y la doble moral
Se dice que estas leyes son en beneficio de los creadores, pero los verdaderos beneficiados son las grandes empresas que ganan millones a costa de ellos. Además, se le proporciona a los gobiernos el pretexto perfecto para tener el control sobre los usuarios de internet.
Según María Elena Meneses, las leyes de propiedad intelectual son propias del siglo XIX, no de la era de la información. Internet no funciona bajo la lógica del “original” y la “copia”. Pareciera que los impulsores de estas legislaciones no tienen idea de lo que pasa en el mundo, pero en realidad se aprovechan de quienes no están conscientes de lo que ocurre, para fortalecer el control en un área que hasta ahora les es imposible dominar.
El gobierno estadounidense sabe que en su territorio hay empresas que operan como monopolios en internet, a través de las cuales puede obtener información privilegiada de sus millones de usuarios. A través de estas empresas e impulsando legislaciones en otros países que le permitan extender este control, ¿quién será beneficiado? ¿Los autores o las empresas trasnacionales que concentran la industria cultural a escala global? ¿Qué gana el gobierno mexicano impulsando medidas de esta naturaleza?
