Patricia Monreal / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-Tras años de peregrinaje y de deterioro en su salud, finalmente las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, verán que sus casos sean revisados para que las pensiones que en su momento les autorizó el Congreso se adecúen.
La creación en 2015 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Michoacán abriría la posibilitad de atención a los afectados del llamado 15-S, quienes por años habían peregrinado ante las autoridades buscando la revisión de sus casos, pues los recursos otorgados por el Estado resultaron insuficientes pese a que varios de ellos aún son sometidos a intervenciones quirúrgicas producto de las secuelas.
Este jueves se instaló el Sistema Estatal de Víctimas, y ahí el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció la revisión del caso de las víctimas del 15-S y de los decretos por el que se les otorgaron las pensiones, esto con la idea de ampliar los apoyos que en su momento se autorizaron.
A casi ocho años de ocurrido el hecho, una condición de abandono y gravedad es la que prevalece en las víctimas, con el paso de los años, las autoridades les hicieron sentir el desprecio institucional, de viva voz les hacían sentir que eran oportunistas queriendo vivir del erario y más allá de las pensiones que resultaron insuficientes, el resto de los apoyos se fue diluyendo.
Muchos de ellos continuaron sometiéndose a operaciones debido a las secuelas sufridas, mismas que han debido cubrir consiguiendo recursos entre sus familiares ya que los apoyos fueron insuficientes.
Han denunciado incluso el maltrato del que continuamente son objeto cuando acuden al Hospital Civil, en donde padecen largas esperas para poder ser atendidos.
En la medida en que pasa el tiempo la afectación se incrementa, las esquirlas alojadas en sus cuerpos allanan camino y generan mayores malestares, algunos con parches de morfina para tolerar el dolor, ya empiezan a padecer desordenes sicológicos.
Los atentados del 15-S dejaron en Michoacán una ley deszurcida, esto es, primero reformada para otorgar pensiones a los afectados, y luego modificada para deshacer lo reformado.
Un mes después de asumir el compromiso de otorgar pensiones vitalicias a los afectados, el entonces gobernador del estado se percató que no contaba con facultades legales para hacerlo por sí solo, y que requería la intervención del Congreso local. Sin embargo, la ley no preveía esta posibilidad, por lo que arrancarían los jaloneos entre Ejecutivo y Legislativo por ver quién sería el protagonista principal en esta medida.
Es así como el gobernador turnaría al Congreso el 16 de octubre de 2008 una iniciativa para reformar la Constitución del Estado a fin de dar viabilidad a su oferta, sin embargo, la falta de acuerdos sobre si correspondía al Ejecutivo o al Legislativo otorgar las pensiones frenaría siete meses la modificación.
De esta manera y de inicio, diputados y gobernador dieron una salida política a sus desencuentros, determinado emitir un decreto administrativo –en tanto se realizaban las reformas a la ley- mediante el cual se les otorgaba 162 días de salario mínimo (poco más de ocho mil pesos), a las víctimas.
En abril del 2009 los diputados lograrían ponerse de acuerdo para reformar el artículo 44 de la Constitución local, dando facultad al Congreso de autorizar pensiones vitalicias, sin embargo, la medida era insuficiente ya que se precisaba una ley reglamentaria que sistematizara la entrega de apoyos. Esa discusión les llevó otros cuatro meses para aprobar el texto normativo, y otros trece días para que fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado.
En la nueva ley además de víctimas por ataques terroristas, se incluyó a las de desastres naturales, y se dejó en manos del Congreso realizar el proceso de análisis de las solicitudes que se presentaran. A la vuelta de dos años, los legisladores se desmarcaron del asunto, y reformaron la norma para dejar en manos del Ejecutivo todo el proceso de revisión, para que el Legislativo de al final sólo el visto bueno.
De inicio la norma no cumpliría con las expectativas ofertadas a las víctimas, ya que previó dos modalidades de pensión, una vitalicia y la otra temporal, la primera se otorgaría “cuando el daño físico produzca una incapacidad física permanente total, de acuerdo con el certificado médico, expedido por una institución pública de salud”, la segunda “cuando el daño físico sufrido sea curable, por lo que la pensión terminará en el momento en el que el solicitante recupere su capacidad física dañada y se probará con certificado médico expedido por una institución pública de salud”.
En el caso de las víctimas del 15 de septiembre, los criterios de aplicación de ambas modalidades demostrarían inconsistencias, pues todas ellas sufren daño físico permanente, no obstante los diputados sólo autorizaron pensión vitalicia a aquellos que sufrieron amputación médica de algún miembro, por lo que el resto carece de certidumbre sobre la permanencia de los apoyos.
En la medida en que otros actos catalogados como terroristas se fueron dando en territorio michoacano, y que las solicitudes de víctimas proliferaban en el Congreso y esto ya no significaba rentabilidad política, los diputados decidieron desmarcarse del asunto y reformar la Ley para que el Ejecutivo sea el que desarrolle y analice las solicitudes para pensiones que puedan darse, y que sólo informe al Legislativo para que en su caso éste las avale.
Tras el 15 de septiembre múltiples fueron los hechos violentos en Michoacán que derivaban en que las víctimas afectadas acudieran al Congreso para solicitar una pensión de apoyo. Se otorgaron pensiones a afectados el 12 de febrero de 2009 en Uruapan por la detonación de una granada arrojada desde una motocicleta en marcha por dos sujetos a policías municipales que custodiaban un inmueble, que días anteriores había sido cateado por las autoridades.
Asimismo estuvo el caso de los afectados por el dos de septiembre de 2009, en el atentado en el que fue asesinado el subsecretario de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, José Manuel Revueltas López.
Un caso más motivo de pensiones, fue el del nueve de diciembre de 2009 cuando en la entidad se registraron ataques contra elementos de la Policía Federal en los municipios de Morelia, Apatzingán, Arteaga, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas.
Cuando el 24 de abril del 2010, la entonces secretaria de Seguridad Pública del Estado, Minerva Bautista sufrió un atentado al salir de la feria de Morelia, además de sus escoltas caídos hubo ciudadanos que fueron víctimas y a los que el Congreso les autorizado pensiones.
Ante la proliferación de la inseguridad, el Congreso optaría por cerrar la llave de los recursos para indemnizar a los afectados, y la posible entrega de apoyos quedó como antaño, a juicio del Ejecutivo estatal.
