Entró en la habitación 123 a las 22 horas con seis minutos, lo sabe porque en la mesa que estaba junto a una de las dos camas de la habitación había un reloj y a su lado un folder, el supuesto motivo por el que fue requerida su presencia.
Él la estaba esperando, le señaló en que cama debía sentarse, puesto que una estaba ocupada por una fornitura, un chaleco antibalas y una cartuchera, de las que utiliza la policía estatal acreditable.
Le informó que le había llegado un oficio de Ciudad Victoria, donde le notificaban su cambio de plaza, el cual jamás le enseñó, simplemente apuntó hacia el folder. Segundos después, sin esperarlo, él, Juan Esteban Montiel Migliano, Capitán Segundo Piloto Aviador, la sujetó de su cabellera y le dijo “tú ya sabes de lo que se trata, tú ya sabes cómo se maneja esto” y le propinó dos cachetadas.
Después la aventó a la cama boca arriba, bajó su pantalón y su ropa interior, en medio de la violencia física y sexual, Montiel Migliano recibió una llamada y antes de contestar la amenazó. le dijo: “no vayas a hablar, de nada te va servir gritar, si gritas o no haces lo que te digo sé quién eres, dónde vives y quiénes son tu familia”, todo ello mientras le mostraba un arma larga tipo escopeta que tenía cerca de él.
En su testimonio, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, ella asegura que mientras él mantenía la llamada se subió encima de su cuerpo, con una mano tapó su boca y con la otra sostenía el teléfono, terminó la llamada e hizo otra en la misma posición, nuevamente haciéndole a la víctima las mismas amenazas de minutos atrás, después de colgar, finalmente cometió la violación sexual por espacio de 10 minutos.
Consumada la agresión sexual, Montiel Migliano se puso en pie y le aventó la ropa que le había quitado encima del cuerpo, después le ordenó que se vistiera y saliera lo más pronto posible del hotel “sin decir nada a nadie”, lo último que le dijo fue: “camina lo más natural que puedas”.
Al bajar a la planta baja observó de reojo a dos empleados en la recepción y afuera del hotel a un militar, no pudo levantar la cara por vergüenza, llegó hasta su vehículo y se fue a casa llorando por lo sucedido, sin saber qué hacer, “pues nunca imaginé que mi superior jerárquico me fuera agredir de esa manera” afirmó.
Ella trabajó durante 15 años como policía estatal, cargo del que tuvo que separarse por miedo a lo que sucediera después de aquel episodio. Aquella noche de lunes, una hora antes, se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada de su superior jerárquico el Capitán Juan Esteban Montiel Migliano, quien le solicitó presentarse lo antes posible con él, para notificarle la recepción de un oficio muy importante.
A lo que la víctima le preguntó si se encontraba en las oficinas de seguridad pública, Migliano le respondió que no y le pidió que se dirigiera al hotel donde se encontraba hospedado, después de darle la dirección y el número de habitación, él instruyó que no hablara con nadie y que al llegar subiera por el elevador y fuera al primer piso, donde la estaría esperando.
Ella colgó e inmediatamente se dirigió al sitio, al llegar estacionó su vehículo particular y se percató que no había personal militar que resguardara el hotel, como regularmente se acostumbra, sin embargo no le causó sospecha alguna, siguió las instrucciones y al abrirse las puertas del elevador encontró al Capital esperándola, quien al verla inmediatamente se llevó uno de los dedos hacia sus labios cerrados, en señal de silencio y le pidió ingresar a una de las habitaciones.
“Impunidad, ese es uno de los principales porqué de estos hechos”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO el licenciado Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. A su vez explica que cuando se denuncian este tipo de agresiones, ninguna autoridad, ni la del fuero común y tampoco la del fuero federal quieren intervenir.
La forma de evitarlo es alargando el proceso por medio de obstáculos y responsabilizándose entre sí, al declarar la incompetencia el uno del otro. En el caso del piloto existe una orden de aprehensión, sin embargo sigue trabajando en Tamaulipas, “porque lo protegen, tanto la autoridad federal, como la estatal. Él tramitó un amparo que le fue negado y sin embargo, manteniendo esas dos situaciones en su contra, sigue siendo integrante de la seguridad de Tamaulipas. Siendo militar nadie va ejecutar dicha orden, porque es parte de las fuerzas federales las cuales gozan de absoluta impunidad”, asegura Ramos Vázquez.
Lo conveniente, a decir por el defensor de Derechos Humanos, debió ser su detención, y antes de eso debió ser calificado como un objetivo e importante, además de prioritario, por castigar, sin embargo “se le sigue protegiendo desde el gobierno de la República, él trabaja y opera en este momento en Matamoros”.
En contraposición la víctima de agresión sexual no recibió ningún tipo de indemnización al dejar su cargo, hoy sigue padeciendo todo tipo de amenazas, incluidas las de muerte. Ramos Vázquez comenta que ha preguntado al Secretario de Gobernación ¿Quién va proteger a la víctima, qué autoridad lo hará? Nunca ha llegado respuesta, y argumenta que al ser un agresor un militar, ninguna dependencia gubernamental se preocupará por la víctima, por lo que permanece aterrorizada.
Distintos casos han demostrado que cuando las víctimas han padecido las agresiones de fuerzas federales, tienen que mendingar justicia, tiempo para ser escuchadas y permiso para exponer el miedo que padecen, porque aunque cambiaron de ciudad, de vida y de hábitos, el agresor puede terminar con su existencia y la de su familia.
La repetición de los delitos se ha dado en 10 ocasiones durante los últimos dos años, sin embargo ocho denuncias no han llegado al Ministerio Público por dos razones: miedo a los agresores y desconfianza en las autoridades. Las víctimas no quieren sufrir humillaciones, revictimización de la misma autoridad y además no habrá garantías de justicia.
Por su parte los defensores de derechos humanos también padecen persecución, “cada vez que presentamos o hacemos del conocimiento de la opinión pública una denuncia en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas, recibimos represalias, amenazas y hostigamiento, hay riesgo constante porque se realiza labor de acompañamiento de defensa de las víctimas, no somos investigadores, hacemos ver que eso le compete las autoridades, y debido a que presionamos para que se dé paso a la justicia, somos blancos de ataques”, asegura Ramos.
El Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, puntualiza que “en México los que mandan son los militares, no es el presidente de la República, tampoco el legislativo y mucho menos el judicial, este tipo de actos son una señal que vivimos un escenario muy parecido a una dictadura militar, en donde se agrede a quien sea sin distinción, ellos atacan a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, sociedad civil, así es como se puede exhibir la debilidad del poder ejecutivo ante las Fuerzas Armadas, las cuales están fuera de control y por encima de la ley”.
La justicia para mujeres violadas por militares pareciera que no ha llegado al país, mientras tanto las víctimas han dejado de tener una vida sana, producto del trauma, el miedo y la intimidación, siendo la sobreprotección a las fuerzas armadas el mayor obstáculo, que se refleja en la nula acción legislativa que no se ha atrevido a ejercer en contra de quien cometa actos graves en contra de los derechos humanos.
Araceli Olivo, abogada del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, afirma que las violaciones sexuales cometidas por Fuerzas Armadas suceden porque sencillamente en este país lo pueden hacer libremente.
Por eso las mujeres tienen miedo a denunciar, el Estado no genera las condiciones para que sientan la confianza de poder hacerlo, al contrario existen represalias desde todas las instancias también padecen el miedo a ser ridiculizadas y estigmatizadas, además que mantienen la vergüenza como si ellas tuvieran culpa alguna. Finalmente el Estado nunca ha dado una respuesta efectiva para investigar y sancionar, tampoco pretende incentivar a que se generen las quejas.
