Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-Recientemente en Michoacán han surgido alertas sobre la operación de redes de pederastas, señaló Cristina Portillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la LXXII Legislatura local, quien recordó que a finales de 2013, trascendió la noticia del tráfico de menores michoacanos con fines sexuales que se cotizaban vía Internet en renta y venta.
En ese momento, las autoridades estatales salieron a declarar que ya se combatía a la red de pedófilos, sin embargo dos meses después a finales de enero pasado, el Colectivo mexicano ProyectGoliath y Anonymous México señalaban que los sitios web seguían en operación, dijo Portillo Ayala.
Dijo que “en México y estados como Michoacán es necesario profundizar en políticas públicas y acciones efectivas para combatir la pedofilia y los abusos sexuales contra menores de edad, de lo contrario estaríamos renunciando a la posibilidad de un futuro de sano desarrollo entre las personas”.
Afirmó que las y los diputados del Congreso buscan generar marcos normativos que garanticen la protección de los menores, aunque corresponde al Ejecutivo del Estado la responsabilidad de que la norma aterrice en políticas públicas que se cristalicen en la realidad.
Finalmente dijo que en días pasados la Legislatura local reformó el Código Penal del Estado por lo que ahora se impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de cien a mil días de salario, a quien por medio de la violencia física o moral, tenga cópula o introduzca vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo humano o instrumento material, a una persona independientemente de su sexo. “Cuando la víctima sea menor de edad se impondrán de diez a veinte años de prisión y multa de 300 a mil 500 días de salario mínimo general vigente”.
Cabe señalar que en México cerca de 80 mil niños son víctimas de pornografía y prostitución, según datos datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y debido a su condición de menores de edad y por la relación tan desigual de poder que existe con los agresores, no tienen la capacidad de permitir, negarse o detener la violencia sexual.
