Morelia, Michoacán. Como cada año víctimas de los atentados con granadas del 15 de septiembre de 2008 en Morelia iniciaron lo que más a fuerza que de ganas se ha convertido en un peregrinar septembrino, una permanente caminata en la búsqueda de ser atendidos, de mitigar sus dolencias.
Nueve años distan de los hechos que les arrancaron familiares, miembros y ánimo. Sus rostros son conocidos por la frecuencia anual y pública a la que la necesidad y las dolencias físicas los obligan.
Faltan diez días para que se cumplan nueve años de que, ahí en la Melchor Ocampo les sorprendió la muerte mientras echaban gritos de festejo a la patria. Ahora también hay gritos, pero de reclamo frente al olvido y la desatención.
Hoy acuden a las oficinas de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, esa a la que la autoridad michoacana dejó en la mano la obligación de atender a quienes como ellos, son víctimas de aquello que ha descuidado el Estado por años.
Todo se compensa y acalla con promesas, pareció la lógica de quienes recién ocurrido el atentado en 2008 buscaron mitigar sus conciencias y el horror de las imágenes con las víctimas ensangrentadas y cercenadas, esas que quebraron la inocencia provinciana de Morelia y que abrirían la puerta a la galería de horror visual que ha teñido a Michoacán en la última década.
Fueron tres los decretos que en su momento aprobó el Congreso del Estado con los que se autorizó entregar 54 pensiones a igual número de víctimas, algunas temporales y otras vitalicias.
Pero estas pensiones no tienen nada que ver con las que se otorgan a expresidentes, ministros o personajes de esos que llaman ilustres en el país, las de las víctimas del 15 de septiembre fueron para mitigar costos políticos, y su monto no representa en la mayoría de los casos más que un mínimo aporte en el alto costo de los tratamientos médicos que tendrán de por vida.
Los reclamos tocan ahora a Selene Vázquez Alatorre en su calidad de presidenta de la Comisión de Atención a Víctimas, organismo que sin recurso suficiente e inmerso en problemas de operatividad por conflictos internos resulta insuficiente frente al cúmulo de víctimas que ha venido acumulando el estado, entre ellas las del llamado 15-S.
Rafael Bucio suelta en llanto mientras reprocha la falta de atención, él perdió a su mujer el día de los granadazos, posteriormente su pierna fue amputada y está en riesgo de perder su brazo. Requiere una prótesis para poder moverse con menos dificultad y hacer frente a las obligaciones que le representa ser padre de tres hijos.
En un salón de la Comisión, entre víctimas y reporteros Vázquez Alatorre asegura no saber sobre la necesidad de una prótesis para Rafael, pero los presentes le recuerdan que ya se le había informado. Impaciente la comisionada rectifica y señala que no tiene solicitud por escrito al respecto.
Vázquez Alatorre informa que las nuevas disposiciones legales señalan que la Comisión debe realizar una valoración anual de las víctimas para definir el estatus de los apoyos que se les otorga, en este caso las pensiones.
Les informa que ya se turnó al Congreso la propuesta para modificar los términos de las pensiones, y que dos de ellas pasarán de ser temporales a vitalicias. Se prevén incrementos en éstas aunque no en los términos en que los afectados requerirían para atender su condición.
Entre las 54 pensiones que se entregan se prevé un incremento total al mes de 46 mil 343 pesos, lo que en promedio representa 858.2 pesos más por pensión, aunque los incrementos no serán parejos para todos.
También informa que desde el 2015 entregó al Congreso la propuesta para otorgar ocho pensiones más a igual número de víctimas que de inicio no fueron consideradas: Lorenzo Enrique Rodríguez Saucedo, Marisela García García, Salvador Hernández Arreola, Mará Guadalupe Salinas Aguilar, Viridiana Bucio Guzmán, María Margarita Méndez Zamudio y Teresa García Márquez.
La reunión es tensa y se desarrolla sin que las víctimas obtengan resultados que le satisfagan, “nos vamos una vez más como llegamos, sin solución”, aseguran poco después en la calle. Ahora su peregrinar enfilará pasos al Congreso, el próximo 14 de septiembre que los diputados vuelvan a sesionar, están conscientes que para muchos políticos en turno resultan “un fastidio”, pero están convencidos que la razón los asiste, que su situación es responsabilidad del Estado y éste debe responder al respecto.